El Perú inicia el 2025 con una carga de pasivos que ponen a prueba su capacidad como nación para afrontar un año de decisivos retos políticos, económicos, sociales y de seguridad. Los estragos acumulados del oportunismo, la frivolidad, la falta de transparencia, la corrupción y la ineficiencia gubernamental se hacen evidentes en la incapacidad del Estado para proporcionar seguridad integral y bienestar general a la población.
En el plano económico, el financiamiento del presupuesto 2025 a partir de ingresos fiscales inciertos, y el continuo desaliento de la inversión externa e interna frente a la inestabilidad política y al avance de las economías ilegales que tienen una potente proyección de corrupción sobre los poderes del estado, enmarcan el gris escenario del año que se incia. Por otro lado, un Congreso más interesado en proteger los intereses de grupo, y neutralizado por los escandalos mundanos de varios de sus integrantes, agravan la percepción de desgobierno, mientras, el Poder Judicial y el Ministerio Público tambalean bajo el peso de la corrupción y su complicidad con redes criminales, dejando al país sin instrumentos confiables para impartir justicia.
En este complejo escenario, el incremento de la violencia criminal y el descalabro institucional del sector Interior con una jerarquía policial que no solo carece de capacidad de gestión, sino también de credibilidad y respeto, constituye la mayor ventaja para el continuo empoderamiento y expansión del crimen organizado. Al mismo tiempo, con más de 40 candidatos a la presidencia, el sistema político profundiza tanto su creciente deslegitimidad como el hartazgo popular en contra de cualquier representatividad política, previéndose un proceso electoral caótico.
Este panorama se complica aún más con el retorno de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, cuyas políticas proteccionistas y migratorias afectarán directamente al Perú. La consideración del puerto de Chancay como una amenaza geopolítica por parte de Washington y el posible desborde de migrantes ilegales y crimen organizado hacia nuestro territorio exigen previsiones imprescindibles.
El 2025 no solo representa un año de retos, sino también de oportunidades para repensar el rumbo del Perú. Urge la emergencia de una nueva clase de líderes comprometida con los fundamentos éticos de la actividad política, que promuevan la vigencia de un estado de derecho efectivo, la solidez institucional y la identidad nacional.
Este liderazgo debe alejarse del oportunismo, la frivolidad y la corrupción para construir un Perú más seguro, respetado y respetable. En un contexto de incertidumbre y adversidad, la voluntad política y el compromiso nacional serán determinantes para transformar los pasivos en una agenda de esperanza y progreso. Es hora de que el Perú exija y merezca un liderazgo a la altura de sus desafíos.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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