Hace doscientos años el Perú se batía entre la anarquía, el desgobierno y la guerra. Esta situación hacía pensar a la población criolla que mejor se estaba en el viejo régimen español que nos constituyó en el virreinato de mayor hegemonía en el continente, pensándose que al desligarnos de la metrópoli no había futuro.
En octubre de 1824 Bolívar presidente de la Gran Colombia y encargado del poder dictatorial del Perú estaba preocupado por cubrir los pagos de la marina y el ejército y se imponían cupos, los cuales se pagarán una vez se logre nuestra independencia (Huamanga 16/10/1824); se disponía de los empleos públicos (Huancavelica 18/10/1824) y se cambia el nombre del pueblo de “Reyes” por el de “Junín”, esto debido a la victoria de las armas independentistas (Tarma, 30/10/1824). El 9 de diciembre de 1824 los realistas capitularon y se consolidó la independencia del Perú en la pampa de la Quina.
A 200 años de aquellos acontecimientos el Perú pareciera que, no obstante, los avances tecnológicos; de igualdad de derechos; inmerso en la comunidad global y con instrumentos legales que le permiten vivir en democracia, logre el despegue deseado por sus fundadores y mantenga solo posibilidades de existencia sin que ello implique desarrollo y progreso.
Al Perú de hoy se le puede sintetizar desde la perspectiva de gobierno con un Congreso con representantes que sin escrúpulos les quitan los sueldos a sus trabajadores; jueces que se irrogan capacidades fuera de sus funciones jurisdiccionales; una fiscalía persecutora de políticos y no del crimen organizado; un Poder Judicial que ampara medidas contra las decisiones inherentes del Congreso; instituciones de segundo nivel que para no obedecer la Constitución se refugian en amparos. Una policía diezmada en sus funciones para combatir el delito, pero con amplia disposición en recursos para diezmar a los enemigos políticos. Y en medio de todo esto el crimen organizado no solo nacional sino los que provienen del extranjero avanza y se consolida.
Pareciera que nosotros mismos creáramos las condiciones de autoaniquilamiento y falta de viabilidad como Estado y Nación, esto se comprobó recientemente con la elección de Pedro Castillo que asumió la presidencia con distintivos de otra nacionalidad e imitando a un exmandatario vecino. La crisis es en realidad además de política, proveniente de nuestra falta de civismo, de educación y no saber conducirnos en democracia casi como solicitando una dictadura.
Es en estas circunstancias que la Salud del país que debería estar dentro de las prioridades después de lo ocurrido por la “pandemia covid19” ha pasado a segundo o tercer plano, los medicamentos se hacen más caros y pareciera que el gobierno avala un negociado sin escrúpulos de las medicinas en el Perú. Esto se ve porque el Congreso aprobó una ley que permite que las medicinas aprobadas por las autoridades de salud de los Estados Unidos y de Europa puedan ser importadas sin necesidad de autorización por el ministerio de Salud; esto que debió ser un gran avance es frenado por la presidente Dina Boluarte quien ha observado la norma.
Un solo ejemplo pone en evidencia el abandono de parte del gobierno para con la población: el Betaloc o Beloken, fármaco que sirve para el tratamiento de la arritmia, en el Perú tiene un costo de S/. 180.00 pero en Europa haciendo el cambio monetario su valor es de 10 soles y provenientes del mismo laboratorio Astrazeneca.
Pareciera que no hemos cambiado en nada 200 años, mientras Bolívar buscaba fondos para pagar a las fuerzas que nos iban a liberar del yugo español; hoy el Gobierno pretende ajustar muchísimo más al pueblo a costa de su bienestar. ¿Seguiremos siendo carroña de las farmacéuticas que se han convertido en los buitres de la salud?
(*) Abogado y excongresista
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