Un factor fundamental para el control de la seguridad ciudadana son nuestras prisiones. La situación de las cárceles es un reflejo del estado de la seguridad en una sociedad. En nuestro caso, la fuga de un interno venezolano del penal de Lurigancho ha agravado la inestabilidad política, lo que ha llevado a la renuncia del jefe del INPE.
La problemática de la inseguridad ciudadana debe abordarse de manera holística. El Estado cuenta con cuatro instituciones clave para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país.
La primera es la PNP que carece de los recursos adecuados para combatir eficazmente la criminalidad. Se requiere un compromiso serio del más alto nivel de gobierno. En mi opinión, Dina Boluarte no ha demostrado voluntad política para sentar las bases de una estrategia nacional contra el delito. Este tema quedará como una tarea pendiente, pues actualmente no es posible emprender una reforma estructural profunda. Es necesario un liderazgo firme y una visión integral y articulada del problema. No se trata solo de aumentar el número de efectivos, sino de mejorar la calidad profesional y ética de los policías.
Además, es indispensable la colaboración con el sistema de justicia, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, las otras tres instituciones que deben trabajar junto a la Policía para combatir la inseguridad. Sin embargo, estas entidades también enfrentan problemas de corrupción y deficiencia en la selección de su personal.
San Juan de Lurigancho: el rostro de la crisis penitenciaria en el Perú
Ubicado en el distrito más poblado del país, el penal de San Juan de Lurigancho representa mucho más que una cárcel: es el reflejo de una profunda crisis en el sistema penitenciario nacional. Considerado una de las prisiones más hacinadas de América Latina, alberga a miles de internos en condiciones de extrema precariedad, mientras la corrupción, el crimen organizado y el deterioro de la salud mental configuran un panorama alarmante que afecta no solo a los reclusos, sino a toda la seguridad ciudadana del país.
En los últimos años, informes de la Defensoría del Pueblo y diversas investigaciones periodísticas han evidenciado cómo el penal de SJL ha sido infiltrado por redes de corrupción. El tráfico de celulares, drogas, armas blancas y hasta la instalación de antenas clandestinas para cometer estafas han convertido a este penal en un centro operativo del crimen organizado.
Vivir en San Juan de Lurigancho implica enfrentar condiciones de hacinamiento extremo. En algunas celdas duermen hasta 10 personas, muchas de ellas en el suelo y sin colchones, con acceso limitado al agua y servicios higiénicos colapsados. La alimentación es deficiente y, en muchos casos, las familias deben asumir los costos de manutención del interno, enviando alimentos o pagando a terceros para su preparación.
Frente a las elecciones de 2026 y el creciente poder del crimen organizado, es urgente una reforma penitenciaria profunda que garantice no solo el control y la seguridad, sino también el respeto por los derechos humanos y la implementación de mecanismos de reinserción social efectivos. San Juan de Lurigancho representa un clamor urgente que no puede esperar más.
(*) Presidente de APROSEC.
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