Ningún extremo es bueno. Ni el fascismo que anhela una sociedad sin protestas y sin justicia para todos. Ni el marxismo estatista que anhela una sociedad sin iniciativas privadas empresariales. La actual presidente de la República, Dina Boluarte, postuló en una plancha presidencial en donde el ideario del partido que la acogió en ese entonces, Perú Libre, era de una clara tendencia marxista colectivista. No postuló en una organización política de centro.
Luego, tras la infracción constitucional de intento infructuoso de golpe de Estado del ex presidente constitucional, Pedro Castillo, la ahora Jefe de Estado hizo un giro político de ciento ochenta grados al escoger como su primer presidente del Consejo de Ministros a una persona como Pedro Angulo, de clara tendencia conservadora de “derecha”, el cual luego fue cambiado tras los primeros asesinatos que se cometieron contra miembros de la población civil en el mes de diciembre del año 2022 desde el inicio de las actuales protestas sociales que se gestan principalmente en el sur del país.
Sin mayor preparación en conocimiento, ciencia y teoría política, la actual presidente del Poder Ejecutivo repite una y otra vez que no va a renunciar, pese a los más de cincuenta fallecidos desde el inicio de las manifestaciones sociales que buscan centralmente la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales, con lo cual el mensaje claramente mayoritario de las protestas es: Una nueva composición del Congreso de la República y un (a) nuevo (a) Presidente de la República. Socialmente no se pide la restitución del ex presidente Castillo, salvo una minoría no considerable cuantitativamente.
Pero cuando se participa a nivel de la macropolítica, y más aún cuando se es el máximo mandatario (a) de la Nación, no se puede pensar con la lógica del empleo en el sector privado. No se va al Estado a lucrar con una alta remuneración mensual, sino a servir a la nación. El servicio público implica cuotas innegables de sacrificio en aras del bien común.
El afirmar que nunca se va a renunciar en el contexto de asesinatos contra miembros de la sociedad civil no puede ser más desaconsejable. En otras palabras, es un craso error, en un mundo interdependiente, en donde organismos mundiales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pueden pedir una rendición de cuentas con todo lo que ello implica en derechos humanos.
(*) Analista político
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