La investigación sumaria del Congreso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia ha logrado exponer los intereses que existen detrás de los miembros de ese colegiado, llegando inclusive a que el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú publique un comunicado en grave intromisión en los asuntos internos del Perú.
En octubre de 2017 Marianella Ledesma, Carlos Ramos Nuñez, Eloy Espinoza Saldaña y Manuel Miranda, denunciaron al Congreso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había una acusación constitucional en el parlamento presentada por once miembros de la Marina de Guerra por el caso “El Frontón”, el que según los denunciantes servía de instrumento de represalia contra ellos; los denunciantes habían interpretado un voto de un magistrado ya fallecido.
La CIDH en diciembre de 2017 resolvió requerir al Estado peruano suspender inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional contra los magistrados hasta febrero del siguiente año. ¿Esto acaso no fue una clara injerencia en los asuntos internos de un Estado?
Revisando el Manual de Política Internacional de Manuel Amadeo, un reconocido internacionalista argentino, escribió acertadamente que “En el plano estrictamente político la no intervención es siempre invocada por los Estados para afirmar su propia personalidad… y no dejarse llevar por los dictados ajenos”.
El Perú es parte del sistema de las Naciones Unidas (ONU), y como tal está adscrito a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (CIJH); también nuestro país es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ha firmado su adhesión al pacto de San José sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos casos se trata de organismos supranacionales que tienen tribunales jurisdiccionales cuyos fallos son parte de nuestro ordenamiento.
Todo esto trae a colación el comunicado del coordinador residente de la ONU en el Perú Igor Garafulic quien dice: “La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país…” y finaliza diciendo: “Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática”. Desde las opiniones del todavía secretario general de la OEA Luis Almagro en el Perú durante el régimen de Pedro Castillo, pareciera que desde fuera nos quieren dar pautas de cómo llevar nuestros asuntos domésticos sin tomar en cuenta nuestra soberanía.
Por los sucesos ocurridos en el Perú que acabamos de graficar, los organismos internacionales ahora son usados para decirnos que es lo que debemos de hacer, y en el caso en particular de la JNJ solo se ha iniciado el proceso de investigación a sus miembros, investigación que corresponde al Congreso de acuerdo con la Constitución y que es una función específica del Parlamento. ¿Acaso el Congreso no puede investigar a los altos funcionarios del Estado que la Constitución le faculta por conductas que puedan ser cuestionables?
Cualquier vulneración de los derechos ciudadanos para ser expuestos en el exterior, tienen como principal característica que estos hayan culminado el proceso interno; ahora pareciera que cuando se trata de allegados específicos con la tendencia o ideología de quienes tienen prevalencia en los organismos supranacionales no se les debe ni siquiera investigar. Igor Garafulic solo es la pieza de un entramado mucho mayor, porque si alguien de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiese hecho lo mismo, la Comisión a futuro hubiese sido cuestionada por su parcialidad y como lo han adelantado los integrantes de la JNJ, van a ir tribunales internacionales, con lo que se demuestra su motivación de extraer algún beneficio económico con algún tecnicismo que la CIDH sabrá encontrar.
(*) Excongresista
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