Opinión

No esperemos una convulsión social para recién actuar

Por: Mario Amoretti Pachas

El artículo 97 de la Constitución faculta al Congreso de la República a nombrar comisiones investigadoras, sobre cualquier asunto de interés público. El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha señalado que ninguna institución está exenta de control e investigación.

De tal manera, que es ilegal lo resuelto por un juzgado en el que dispone la suspensión de la investigación que se sigue contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sobre todo, cuando se trata de un Poder del Estado y sus facultades están claramente señaladas en la Constitución.

Asimismo, es necesario precisar que el incumplimiento a un mandato judicial, como el dictado por un juez, por ser inconstitucional dicha resolución; y, porque no pueden ser objeto del delito de desobediencia a un mandato judicial, tal como dispone, el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal, señala: causas que eximen la responsabilidad penal: (…) inciso 8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber (…), es decir, no incurren en ninguna responsabilidad, al no acatar dicha ilegal resolución judicial.

Es lamentable que malos jueces desde hace varios años vienen dictando resoluciones a fin de impedir que se elija a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, elija a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, impedir la convocatoria para elegir nuevo Decano y Junta Directiva del CAL, durante más de 2 años; un juez hace días a pedido del fiscal decretó prisión preventiva contra un policía, quien actuó en legítima defensa, pese a la existencia de una ley, que ante la sospecha de haber causado la muerte recurriendo a legítima defensa, debe realizar diligencias preliminares a fin de si llegado el caso, concurren los presupuestos de esta causa que exime de responsabilidad penal, no denuncia y dispone su archivamiento; y, si formaliza la denuncia, el juez debe decretar comparecencia.

Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, no abrió investigación de oficio contra estos jueces, que tanto daño han causado al país, una omisión muy lamentable.

El país se encuentra sumido en un inmanejable incremento de la delincuencia violenta y sanguinaria, en la que llega al extremo que los delincuentes públicamente retan a sus adversarios en estas lides delincuenciales y sobre todo, las víctimas de extorsiones salen a las calles a fin de que estos no sigan amenazándolos.

Asimismo, desde el punto diplomático, es una vergüenza mundial de lo que estamos pasando a nivel internacional, por culpa de las más altas autoridades, que lo único que les interesa es viajar, sería conveniente que se conozca quienes son los asiduos acompañantes que van en estos viajes “de paseo”, porque en nada benefician a los peruanos, sino todo lo contrario, pues los millones de soles que se viene gastando pueden servir para la compra de patrulleros o para la implementación de medidas preventivas ante lo que se anuncia de la llegada del niño costero.

¿Por qué no aplican medidas para prevenir el incremento de robos de celulares, detener a los que venden estos teléfonos o productos robados y cerrar los locales donde se negocia estos productos robados? Así, como una grave recesión económica.

(*) Abogado penalista

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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