Hay políticos que cuando llegan al poder se convierten en “padrinos” de sus amigos y allegados, bien para devolverles un favor, beneficiándolos por puro gusto o con la intención de cobrarles la “deuda” después. Colocan en todo tipo de puestos, desde oficinistas hasta altos funcionarios, pasando por asesores en la sombra, a los miembros de sus círculos de amistades y conocidos. Y muchas veces los convierten en cómplices de sus tropelías en la corrupción y los comprometen en procesos judiciales que los llevan hasta a la cárcel. Lo peor es cuando entre esas personas están los familiares.
El más reciente caso de complicidad familiar en presunta corrupción en las altas esferas del poder es el del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado junto a su propia esposa, tres de sus cuñados y también varios sobrinos, uno de los cuales está prófugo de la justicia. Según investigaciones periodísticas, también estarían implicados varios sobrinos políticos del exmandatario. Se pasaron de la raya.
Ahora que el expresidente Alejandro Toledo está a punto de ser extraditado, las páginas negras de la política del país también nos recuerdan a sus sobrinos. Hay uno que fue acusado de violar a una joven, dos investigados por la falsificación de firmas para la inscripción de Perú Posible y otro, el famoso “Filete”, involucrado en una serie de tropelías durante el gobierno de quien alguna vez fue calificado como “cholo sano y sagrado” por su esposa. Dos de ellos, incluso, después de muchos años volvieron a merodear por la Casa de Pizarro y habrían tenido relación con Bruno Pacheco, el inefable exsecretario de Pedro Castillo.
En el 2018, varios familiares y allegados de un excongresista fueron detenidos al ser sindicados como falsos aportantes para la campaña de Keiko Fujimori. El caso de dicho exparlamentario, que involucró hasta a su esposa, dejó de estar sobre el tapete solo porque el Congreso fue cerrado por Martín Vizcarra. Sin embargo, el proceso sigue y en algún momento tendrán que rendir cuentas ante la justicia.
Y cómo olvidar el caso del excongresista “robasueldo” que está en riesgo de ser condenado a 24 prisión por obligar a sus empleados que depositen parte de sus haberes en la cuenta de su esposa, para quien la Fiscalía pide 22 años de cárcel.
Así que ya saben estos políticos traferos, lo peor que pueden hacer es involucrar a su familia en sus fechorías. Cuando se descubre todo, el dolor es más grande. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
