Estábamos analizando lo logrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que entró en funciones en el 2014. En realidad, el balance no es nada halagador. Se cambiaron los mecanismos y las estructuras, se reacomodaron las jerarquías y se subordinó el ente rector de las universidades al Ministerio de Educación, abriéndole así las puertas a la injerencia política. ¿Mejoró el nivel de la educación universitaria en esos ocho años? No es difícil conocer la respuesta.
El otro día, un par de ejemplos de errores de ortografía y sintaxis detectados por nuestra Unidad de Investigación en la página de Facebook de la Sunedu, nos demostraban que no hay un óptimo nivel académico ni siquiera en profesionales de la institución que, paradójicamente, tiene la responsabilidad de asegurar una oferta educativa de calidad a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público, con eficiencia, predictibilidad, transparencia y respeto a la autonomía universitaria.
A propósito, se habla mucho de autonomía universitaria, un principio que sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada, y debe elegir a sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. En el Perú, la autonomía universitaria fue establecida por primera vez en 1920 como consecuencia de la presión ejercida por el movimiento estudiantil, que siguió el ejemplo de lucha marcado por el Grito de Córdoba, en Argentina, que inició un movimiento de reforma universitaria en el continente. Posteriormente, la autonomía universitaria fue anulada en reiteradas oportunidades en el Perú hasta ser garantizada en la Constitución de 1979.
Sin embargo, ¿cómo puede haber autonomía universitaria si las universidades dependen de la Sunedu, un organismo subordinado al Ministerio de Educación, que a su vez está subordinado a la Presidencia del Consejo de Ministros y este a Palacio de Gobierno? ¿Se puede evitar la injerencia política bajo este esquema?
Hace unos años se reveló que el esposo de una exministra había hecho consultorías sobre enfoque de género para el Ministerio de Educación por 6 millones de soles. Y en el 2018 una comisión del Congreso investigó una denuncia sobre presuntas irregularidades en consultorías en la Sunedu. ¿Algún parecido entre las costumbres burocráticas entre el Ministerio de Educación y la Sunedu? Saquen ustedes sus conclusiones. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
