La política como tal, es una actividad que debe de orientarse hacia el bien común, en la medida que la aplicación de las decisiones políticas fundamentales tiene repercusión en la población general; es decir, nos afecta a todos, en mayor o menor medida.
Pero todo depende al final de quién ejerza el cargo de presidente o de congresista de la República -que en las próximas elecciones van a ser diputados y senadores pese a la negativa a la bicameralidad que manifestó el referéndum nacional del 9 de diciembre de 2018-. Todo depende realmente de la persona (varón o mujer) que concretamente ejerza el cargo.
Y la presidente actual de la República es como es, sacudido su gobierno temporal por el escándalo de los “rolex gate”, que descubrió la entrega de relojes Rolex a la jefe de Estado por parte de un gobernador regional, como es Wilfredo Oscorima, el llamado “wayki” (amigo o hermano) según la propia presidenta actual, Dina Boluarte, no mucho o muy poco se puede esperar de la política realmente ejercida en la actualidad.
Poco o nada se puede esperar de la política cuando no está contemplada en la Constitución Política del Estado el procedimiento de revocatoria de congresistas y del presidente de la República, ya que la ausencia de tal revocatoria deja sin control a los representantes (parlamentarios entre diputados y senadores) por parte del representado que es la población del país.
Y es imprescindible tener mecanismos de control para los poderes políticos centrales, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, ante la ausencia de la revocatoria de congresistas y presidentes de la República el actual Parlamento Nacional, en su composición mayoritaria, parece tender hacia la dictadura, completamente desbocado y sin control constitucional prácticamente, pues el actual Tribunal Constitucional -elegido sin examen de conocimientos por parte del pleno del Congreso- parece mirar hacia otro lado.
Más prima la miseria de la política, sobre todo cuando el Congreso de la República ahora se dirige hacia el sistema electoral, ya que se ha aprobado en la Comisión de Constitución el martes 9 de abril del presente año el dictamen que plantea que los titulares de las instituciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) puedan ser sometidos a las acusaciones constitucionales por medio del proceso del juicio político.
(*) Analista politico
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