Ecuador enfrenta una crisis muy parecida a la de Perú. En el país del Guayas, los fiscales son elegidos por el Congreso de la República, lo que facilita la interrelación política entre el Legislativo y el sistema de justicia. Sin embargo, a decir por las revelaciones de Jaime Villanueva, en nuestro país también se han establecido esos vasos comunicantes entre fiscales y congresistas, ya sea a través de emisarios o de manera directa. La congresista Martha Moyano ha admitido que le hizo un pedido a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, usando a Villanueva como mensajero.
Pero la crisis en Ecuador es más grave y compleja aún que la del Perú. Si acá las leguleyadas responden al interés por obtener poder y favores políticos, en el vecino país el sistema judicial y el Legislativo han sido captados por la narcopolítica.
En diciembre del año pasado, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, encabezó el operativo “Metástasis”, cuyo nombre mismo ya da a entender que la corrupción en dicho país es una especie de cáncer generalizado. En dicha operación fue detenido nada menos que Wilman Terán, presidente de la Judicatura Nacional, que viene a ser el Poder Judicial peruano. Se le atribuye el delito de obstrucción a la justicia y delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado ecuatoriana señala a Terán como uno de los principales integrantes de un entramado de corrupción judicial —que involucraba a jueces, fiscales, abogados, policías y guías penitenciarios— para favorecer y proteger a Leandro Norero, alias “Patrón”, quien fue uno de los principales narcotraficantes del mundo y que financiaba a “Los Lobos” y apoyaba a bandas vinculadas al cártel mexicano “Jalisco Nueva Generación”. Precisamente, la muerte de “Patrón”, en una supuesta masacre carcelaria, dio lugar la ola de atentados cuyo mayor detonante fue el asesinato del periodista y candidato presidencial Alejandro Villavicencio, que a la vez motivó la caída del expresidente Guillermo Lasso.
Pero resulta que, como en el Perú, la fiscal general, Diana Salazar, también es objeto de cuestionamientos y la Asamblea Legislativa le abrió un juicio político con el objetivo de destituirla, bajo el cargo de incumplimiento de funciones.
En nuestro país, con las declaraciones testimoniales de Jaime Villanueva se están conociendo los entretelones de la guerra por el poder al interior del Ministerio Público. Todo tiene que ser corroborado, pero hay muchas pistas, indicios y hechos que demuestran altos niveles de corrupción. Hay mafias y es preciso acabar con ellas en el país y en esta parte del continente. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
