Si algunos creyeron que la instalación del Congreso y la Presidencia de la República atenuaría la conflictividad heredada del proceso electoral, dos semanas después, han visto sus ilusiones evaporarse. Como lo advertimos, la negativa de las autoridades electorales a disipar las dudas e impugnaciones planteada, ha tenido consecuencias nefastas. El clima enardecido no sólo se prolonga, sino se incrementa peligrosamente. Sin duda, la gobernabilidad estará amenazada. Pero, sobre todo, el riesgo abarcará a la totalidad del régimen democrático.
La política nacional viene tiñéndose de los rasgos de guerra, con mayor celeridad. Es absurdo negarlo o ponerse de costado. De hecho el Parlamento se ha pertrechado con una mesa directiva democrática y el control de la comisiones más importantes. Ha hecho valer su mayoría. Por su parte, el Gobierno presentó un gabinete ministerial generando la justa repulsa de la ciudadanía. Constituye una explícita provocación la presencia de personajes con antecedentes judiciales y de falta de idoneidad profesional. O no hay elementos capaces para las tareas gubernamentales o estamos ante una burda maniobra para cerrar al Congreso, mediante el tosco expediente de la negativa parlamentaria, a algo que difícilmente puede llamarse Gabinete. ¡Ambas son pésimas noticias!.
Pero el día jueves 12 de agosto lo que todavía era una guerra de posiciones empieza a devenir en una guerra de movimientos. En efecto, en un acto verdaderamente insólito, el Presidente Castillo se desplazó al Congreso con el objeto de demandar a su Presidenta, que la Comisión de Educación sea para los congresistas-profesores de la bancada de Perú Libre. Que el Ejecutivo tenga interés en la composición de la comisiones congresales es natural. No lo es, en cambio, una exigencia (eso denota la visita) que interfiere con la independencia de los Poderes del Estado. Y esto es políticamente inaceptable.
Oteando más allá de los protocolos y demás formalidades, lo sucedido tiene todos los visos de una conminación a la Representación parlamentaria, ameritada por una presencia física, que no es personal, sino del Jefe de Estado y de Gobierno. ¿Cuál sería el mensaje subyacente si la mayoría congresal omite esta exigencia y ratifica la propuesta de poner, en su lugar. a un congresista de Renovación Popular?.
Indudablemente la agudización de la beligerancia política. Y aunque esta negativa no encaja en la cuestión de confianza, porque el tema es de competencia enteramente congresal, no cabe duda que este rechazo movilizará la maquinaria para cerrar al Congreso. En consecuencia, la confrontación exacerbada pondrá en vilo a la misma República democrática.
(*) Constitucionalista
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