Los caviares siguen armando una farsa descomunal mientras toman por asalto el Ministerio Público y traman un gran desastre político.
Primero, por sí y ante sí la Junta Nacional de Justicia destituye sin debido proceso a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides pese a estar bajo proceso de control político en el Congreso por haber prevaricado en el caso de Zoraida Avalos, entre otros actos de corrupción.
La sanción se fundamenta en WhatsApp de un subalterno, quien claramente no ha cometido delito pero se aviene a ser colaborador eficaz para que no le dicten prisión preventiva. Luego, con total desfachatez los miembros de la JNJ no resuelven el pedido de inhibición a tiempo y le notifican al Dr. Jorge del Castillo (defensor legal de Benavides) solo después de iniciada la audiencia, con lo cual la vician de nulidad.
Acto seguido se designa como FN interino a Pablo Sánchez, quien declina horas después pero cumple con el pedido caviar de devolverle la posición a la removida Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.
Asume entonces como nuevo Fiscal de la Nación a Juan Carlos Villena, quien decide una “reconstrucción” del Ministerio Público pidiendo que el personal clave ponga sus cargos a disposición, y solo después de los hechos consumados pide la intervención de la Contraloría. Es decir, la estrategia de la carreta delante de los bueyes.
Entre tanto Barreto se apoya en la Diviac, nueva Gestapo chola, y ordena allanamientos y lanza imputaciones a diestra y siniestra. Se acusa así al ex ministro aprista Garrido Lecca de haber conspirado para que la JNJ nombre como Fiscal de la Nación a la hoy suspendida Benavides; pero no cae en cuenta -o mañosamente no le interesa- que con esa imputación los mismos comisionados tendrían que figurar como miembros de la imaginaria organización criminal.
Por supuesto la propia JNJ publica un comunicado desmintiendo a la fiscal. Y mientras tanto, se afirma cínicamente que no se está investigando a Patricia Benavides, porque si así fuese se estaría rompiendo el principio de legalidad pues se trata de una funcionaria aforada a quien le corresponde antejuicio político y sobre quien está pendiente un amparo con fecha de audiencia para marzo.
Todo esto ocurre ante tres cuestiones políticas sustantivas: uno, que la organización caviar liderada por IDL se ha empeñado en la reconquista del sistema de justicia; dos, que el Ejecutivo está vinculado al lío por investigaciones que alcanzan al Premier Otárola y a la familia de Dina Boluarte; y, tres, que en el Congreso se están jugando bajo la mesa directiva los intereses torcidos del clan Acuña, gran traidor a la democracia peruana.
Así las cosas, la caviarada dispara contra quienes considera sus enemigos ideológicos y estratégicos; la presidente de la República se enreda más interfiriendo en el proceso para favorecer a la corrupta JNJ; los rojos extremistas están desesperados tratando de reconstruirse después de la sentencia a preventiva contra el prófugo Cerrón; la prensa consorciada con las constructoras corruptas hacen todo lo posible para que no salga a la luz el acuerdo miserable con Odebrecht; y, el bloque democrático está atado de manos con un pedido para que se convoque a pleno extraordinario del Parlamento.
Al medio de todo el pueblo peruano desfallece con la recesión, la inseguridad y las cortinas de humo que se despliegan por la farsa caviar…
(*) Analista politico
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
