El 2 de enero de 1993 se iniciaron los trabajos del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) compuesto por 80 congresistas, siendo el fujimorismo la fuerza política que tenía una mayoría superior a la mitad de los integrantes de este cuerpo legislativo con lo cual iban a implantar los cambios que más les convenía.
Dentro de las promesas electorales de Fujimori para implantar en el nuevo Congreso era que este deba de ser un órgano pequeño para que no haya la obstrucción que el supuestamente “sufrió” en los inicios de 1992 cuando no se le aprobaron varios decretos legislativos y bajo esa situación también propuso que los parlamentarios ganasen sueldo mínimo.
Desde esta perspectiva se aprobó la nueva estructura del Poder Legislativo reduciéndolo a una sola cámara porque no había necesidad que haya tantos parlamentarios, y para ahorrar gastos al erario nacional la Comisión Permanente era la que funcionaría como un pequeño senado y por eso se adoptó que la Comisión Permanente del Congreso no era disuelta como no lo fue el Senado de acuerdo con la Constitución de 1979.
En 2019 a raíz del golpe de estado de Vizcarra vimos que la Comisión Permanente era solo una mesa partes, no fiscalizaba ni legislaba porque no se le permitió mayor alcance que recibir los decretos de urgencia (que en la práctica eran decretos ley) de Vizcarra y mandarlos a que el Congreso Complementario próximo a elegirse sea el que los fiscalice.
Durante el tiempo de vigencia de la Constitución de 1993 el Congreso unicameral ha permitido una serie de normas como aquellas llamadas “Leyes sorpresa” cuyo máximo galardón fue la llamada Ley Cantuta permitiendo que a los militares y policías que cometieron delitos comunes sean estos vistos por el fuero militar y policial. Y para cerrar sus funciones, el CCD aprobó la Ley 26749, conocida como la Ley de Amnistía, que ordenaba la liberación de los militares y policías presos o acusados de crímenes durante el proceso de lucha contra el terrorismo.
Hubo otras leyes polémicas como aquella llamada “Ley de Interpretación Autentica” que facultó a Fujimori a postular a la presidencia por tercera vez; también bajo la unicameralidad la mayoría fujimorista defenestró del Tribunal Constitucional a Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano.
El Perú como nación independiente contó con un Senado, así lo establecieron las constituciones de 1823, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y 1979. De hacerse un análisis en su devenir histórico, los parlamentos han ido perdiendo a través del tiempo una serie de prerrogativas, y todavía hay intentos de quitárseles más, debido a los últimos Congresos cuyos representantes han decepcionado tanto que su popularidad se ha venido por los suelos.
En las elecciones complementarias convocadas por Vizcarra, así como en las elecciones de 2021 donde no hubo reelección parlamentaria se eligieron una serie de congresistas que permitieron que tanto la majestad del cargo, así como también el honor de ser representante de la nación han sido cambiados por el de un simple clientelaje donde prima el interés personal y el aprovechamiento de algo que saben que nunca más volverán a obtener.
El Perú es una república y como tal precisa de la representación de cada uno de los sectores de la política nacional, para un mejor ejercicio de la función parlamentaria es necesario que haya un Senado como cámara revisora que tanta falta ha hecho desde su abrogación. A la Constitución de 1993 lo único que le queda de fujimorista es la unicameralidad y es una lástima que se pretenda manosear la necesidad de un Senado solo porque los actuales congresistas pretenden su reelección, cuando ésta ha sido solo de un 18% o menos. Así se apruebe un Senado, dudo mucho que alguno de los actuales parlamentarios salvo rarísimas excepciones, se reelegirá, muchos por eso quieren seguir hasta el 2026 y aún después de ese año su futuro está en lo que disponga la justicia.
(*) Abogado y excongresista
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