El Perú atraviesa la etapa de violencia delincuencial y criminal más grande de toda su historia. La escalada de crímenes violentos, extorsiones, secuestros y asesinatos que dibujan un panorama sombrío desborda el orden interno y se convierte en una amenaza a la Seguridad Nacional. Estas acciones, vinculadas al crimen organizado transnacional, proliferan en un contexto de desgobierno, corrupción, incompetencia y crisis institucional. Los tres poderes del Estado parecen estar atrapados en una agenda paralela que prioriza sólo llegar a julio del 2026 para asegurar sus ingresos económicos, sus beneficios e intereses de poder, dejando al país en manos de la delincuencia.
El Poder Ejecutivo, lejos de liderar una respuesta contundente, se muestra incapaz de articular una estrategia coherente frente al avance del crimen mientras que la gestión policial se escapa de control.
Por su parte, el Legislativo desarrolla una agenda donde la seguridad de las personas no constituye prioridad alguna; mientras, el Poder Judicial y el Ministerio Público parecen colapsar bajo el peso de sus intereses políticos e ideológicos, inoperante y sumido en una profunda crisis ética. En este escenario, la ciudadanía enfrenta no solo la violencia cotidiana, sino también la frustración y enojo de sentirse abandonada por un Estado que no cumple con su deber fundamental de protegerla.
La solución demanda medidas inmediatas, y extraordinarias, dentro del marco del Estado de Derecho existente. El Consejo de Seguridad Nacional debe asumir un rol central y estratégico con la inclusión de los presidentes del Congreso, Poder Judicial y del Ministerio Público que resulta esencial para legitimar decisiones clave y coordinar una respuesta efectiva. Una opción viable sería desde el CCFFAA la creación de un Comando Unificado del Frente Interno, liderado por un jefe político-militar que concentre autoridad y responsabilidad para enfrentar el problema en toda su dimensión.
La respuesta debe considerar detenciones masivas con penas agravadas, implementación de centros de detención temporales bajo un régimen tipo “prisioneros de guerra”. Juicios sumarios y jueces sin rostro serían instrumentos para garantizar celeridad en la administración de justicia, siempre dentro de un plazo limitado, no superior a nueve meses. Estas medidas no solo buscan frenar el auge delictivo, sino también recuperar el principio de autoridad y la confianza de la ciudadanía en el Estado para simultáneamente realizar reformas estructurales profundas en los tres poderes y restablecer progresivamente la paz social cimentando bases para un país gobernado por instituciones sólidas al servicio de la población.
Sin una transformación institucional que elimine la corrupción y garantice la eficiencia, cualquier esfuerzo será insuficiente; el Perú no puede seguir postergando decisiones difíciles. La inacción solo fortalecerá a las mafias del crimen transnacional, resulta entonces urgente tomar medidas extraordinarias.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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