La universidad, el magisterio y la reconstitución: de Huamanga al desafío de enseñar a pensar (II parte)

La educación como espacio permanente de disputa

 La historia peruana demuestra que la educación ha sido objeto de múltiples disputas ideológicas, no únicamente por parte de Sendero Luminoso. La Ley General de Educación de 1972, promulgada durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, planteó explícitamente objetivos orientados a la transformación social y a la formación de una nueva conciencia nacional. Como toda política educativa, respondía a una determinada concepción del ciudadano y del papel del Estado. Toda educación transmite valores. La verdadera discusión no consiste en determinar si existe o no una dimensión ética de la enseñanza —porque inevitablemente existe—, sino en establecer si el sistema prioriza el desarrollo de capacidades intelectuales abiertas al examen crítico o privilegia la adhesión a una determinada interpretación ideológica de la realidad.

 Durante las décadas siguientes, distintos sectores políticos buscaron influir en el sistema educativo y en la representación sindical del magisterio. Organizaciones como Patria Roja mantuvieron una presencia histórica en el SUTEP, mientras que posteriormente aparecieron nuevas corrientes, como el CONARE y la FENATEP. Este escenario confirma que el ámbito educativo ha sido, de manera constante, un espacio de competencia política e ideológica. Reducir toda la realidad educativa peruana a una sola corriente sería una simplificación. 

Existen miles de docentes comprometidos con una enseñanza plural y rigurosa. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que determinados enfoques pedagógicos, narrativas históricas y orientaciones ideológicas han sido objeto de controversia pública durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, los persistentes problemas de comprensión lectora, razonamiento matemático y desempeño en evaluaciones internacionales evidencian que el sistema enfrenta desafíos estructurales que trascienden cualquier debate ideológico. Cuando la discusión política desplaza la enseñanza efectiva de competencias fundamentales, la escuela se aleja de su misión principal.

 Enseñar a pensar, no qué pensar 

La respuesta democrática no consiste en sustituir una ideología por otra. Consiste en recuperar el núcleo de la tradición republicana: enseñar a pensar. Enseñar a pensar significa formar ciudadanos capaces de: – distinguir hechos de opiniones; – evaluar críticamente la evidencia disponible; – identificar falacias y manipulación argumentativa; – contrastar diversas interpretaciones históricas mediante fuentes primarias; – comprender el método científico y el razonamiento lógico; – debatir con respeto, sin convertir al adversario en un enemigo moral. Una democracia necesita ciudadanos críticos. Las ideologías cerradas necesitan creyentes. La diferencia entre formar ciudadanos y formar militantes reside, precisamente, en esa frontera.

 Una agenda para fortalecer la educación republicana

 Recuperar esa misión exige reformas orientadas al fortalecimiento de las capacidades intelectuales antes que a la transmisión de doctrinas. En primer lugar, la formación docente debe concentrarse en didáctica, metodología del pensamiento crítico, epistemología y evaluación del razonamiento. El docente debe enseñar procedimientos intelectuales antes que cosmovisiones políticas. En segundo lugar, el currículo debe privilegiar herramientas intelectuales permanentes: lógica, filosofía de la ciencia, historia comparada sustentada en fuentes, argumentación, alfabetización mediática y educación cívica basada en principios constitucionales. En tercer lugar, la evaluación del aprendizaje debe medir la capacidad para analizar información, construir argumentos y resolver problemas complejos, más que la repetición de conceptos o narrativas previamente establecidas. Finalmente, resulta indispensable preservar el pluralismo institucional. El Estado debe garantizar que la formación docente, los materiales educativos y los espacios académicos reflejen una diversidad de enfoques dentro del marco constitucional, evitando cualquier forma de monopolio ideológico. 

(*) Exdirector de la DIRCOTE y la DINI 

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