Es un hecho de la realidad, que el actual gobierno viene recibiendo severas críticas de diferentes sectores de oposición que generan respuestas contradictorias y/o silenciosas relacionadas con viajes innecesarios, depósitos bancarios sin explicación, joyas, relojes y pulseras de alto valor, hasta posibles intervenciones quirúrgicas estéticas, que podrían considerarse como una prioridad de estado que respondería a la necesidad de exponer una imagen de “estatus social” y de “éxito” a partir de la exposición de artículos de lujo y estilos de vida “glamorosa” para generar una percepción de “poder político”.
De ser este el caso, podría inferirse que alguien desde los círculos más íntimos del poder considera que la exposición del lujo desde el gobierno sería una herramienta clave de gestión política.
Sin embargo, ante la clara ausencia de liderazgo y capacidad de gestión para enfrentar los desafíos actuales que plantea la inestabilidad política, jurídica y la grave crisis de seguridad, no sorprende que los efectos sean contrarios. En este caso, el lujo que se expone desde el poder ha incrementado significativamente los niveles de desconfianza de la ciudadanía, una sensación de frivolidad del poder frente a las enormes carencias sociales y altas sospechas de corrupción.
En este escenario, nuevamente vuelve a ser noticia la voladura de torres de alta tensión en una provincia vecina a Pataz que se encuentra en estado de emergencia, dejando sin fluido eléctrico a la mina Poderosa. Este atentado se produce ante la ausencia protagónica de la presidente de la república, con un Ministerio Público en dramática guerra interna, con un ministro del Interior que claudica frente al crimen y clama por ayuda externa para cumplir con sus responsabilidades, con la policía involucrada en actividades de espionaje político y grupos enfrentados en un proceso de destrucción mutua.
La ausencia de liderazgo y capacidad de gestión gubernamental agrava la crisis de seguridad ciudadana, orden público y orden interno; las consecuencias generan en las fuerzas policiales no solo descoordinación, sino también perdida de motivación, disminución del compromiso, así como limitaciones serias para innovar soluciones.
El problema de la seguridad es de gran magnitud, es un problema estructural y sistémico que requiere reformas urgentes como la refundación de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana. Felizmente, el congresista Alfredo Azurin de la Comisión de Constitución ya viene avanzando con una propuesta sobre ello que inevitablemente tendrá éxito más temprano que tarde.
Si la seguridad fuera un lujo quizá el gobierno le otorgaría una mayor importancia; lamentablemente la seguridad no es un lujo, es una necesidad fundamental para la vida de todos los peruanos.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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