La desvergonzada defensa de Pedro Castillo pretende que los peruanos aguantemos callados hasta el 2026 porque es mandatario elegido y, como tal, deberíamos tolerar sus aciertos y errores.
Dentro de esa locura ni el Ministerio Público, ni el Parlamento ni ningún ciudadano tendría derecho a afectar al jefe del estado salvo por traición a la patria, impedir las elecciones, o disolver arbitrariamente el Congreso.
Los cómplices miserables del chotano, basados en leguleyadas, manipulación de doctrinas y osadía total, postulan detener los procesos legales y constitucionales. Exhortan a que se desestime la denuncia formulada por la valiente Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pese a que ha aportado pruebas y evidencias sólidas que sustentan la tesis de que Castillo es cabecilla de una organización criminal enquistada en el gobierno para saquear al estado con una mafia que abarca desde sus familiares más cercanos hasta su séquito de asesores en la sombra, pasando por los ministros que han participado en el robo sistemático más grosero de los doscientos años de vida republicana.
Para imponer el régimen corrupto, el falso profesor y su banda criminal están utilizando todo el poder del estado a su alcance: un sector ya corrompido de los servicios de inteligencia y la policía, la tropa que resguarda palacio de gobierno, los recursos públicos (desde aviones hasta el presupuesto ordinario), la normas oficiales desvirtuadas (el innecesario mantenimiento del estado de emergencia nacional), el ataque obsceno contra la prensa independiente, las giras presidenciales para azuzar a las bases sociales, la liberación indebida del esquizofrénico Antauro Humala para esgrimir la amenaza fascista, el descabezamiento del escalafón diplomático, el soborno a funcionarios internacionales como los de la OEA, etc.
Frente a eso la solución jurídico – política recae en el Congreso de la República, el cual debería tomar una decisión inmediata para suspender a Castillo y someterlo a la Justicia. Para ello, el ex presidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, ha dado la pauta precisa: recurrir a “el inciso 1 del artículo 114: “Incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso”. Al no ser específico el precepto, se entiende que esa incapacidad puede ser física o moral (…) la incapacidad moral temporal debe comprenderse de forma análoga a la permanente, en tanto existan evidencias de graves delitos que requieran urgente esclarecimiento a fin de determinar el grado de responsabilidad, mediante una completa investigación y expeditivo proceso judicial, imposibles de realizar, y culminar, por la expresa disposición del 117”. (Expreso 1/10/22).
En este momento las disquisiciones filosóficas y las caprichosas interpretaciones constitucionales son morbosas. Lo cierto y concreto es que existe no solo la convicción, sino también el indicio probatorio de que Pedro Castillo Terrones en un delincuente de marca mayor; y como tal debe ser procesado. Para eso es indispensable sacarlo del gobierno y enjuiciarlo en aras de preservar la vida, la salud y la seguridad de 33 millones de peruanos que ya están precipitándose en un ciclo de recesión con inflación y eventual hambruna (panorama inevitable para todo el 2023) en medio de la parálisis terminal de la república.
Demorar la salida inmediata solo depararía la violencia político – social y la agonía final de la patria. Estamos advertidos.
(*) Analista político
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