Hay un dicho que es un hecho y se traduce en el adagio “Don dinero, poderoso caballero”. Es necesario reconocer que este factor juega un rol preponderante en la actuación de las personas que se desenvuelven en el escenario social, donde coexisten quienes ejercen autoridad y los miembros de la comunidad. Este fenómeno provoca la quiebra de principios y valores, agravia dignidades y avasalla voluntades.
Dentro de la comunidad, evidentemente, también están los infractores de la ley, cuya motivación está vinculada al lucro generado por sus actividades delictivas. Este interés económico constituye el “leitmotiv” —no musical, sino delictivo— de su quehacer diario, que atenta contra la sociedad. Las insólitas medidas gubernamentales implementadas hasta ahora no han logrado frenar sus actos ilícitos, por lo que surge la pregunta: ¿qué hacer para contrarrestar este problema?
Como bien dice el refrán: “Hay que darle donde más le duela”. Y, según lo observado, este punto de mayor vulnerabilidad no es la detención policial, ni el proceso judicial, ni siquiera el encarcelamiento. Por ello, es necesario replantear la estrategia gubernamental. ¿Cuál debería ser esta nueva fórmula? Evidentemente, aquella que ataque el punto neurálgico que cause un impacto frontal y efectivo en el ámbito económico.
En consecuencia, la acción del Estado debe ejecutarse con la misma intensidad, e incluso mayor, que la empleada por estos delincuentes, quienes actúan con alevosía, ventaja e inusitada violencia, generando caos y haciendo imposible la convivencia y el desarrollo de las personas de bien. El Estado tiene el deber y el derecho de evitar que sus ciudadanos permanezcan en la indefensión, mostrando que el sistema democrático no puede convertirse en una entidad desvalida e inoperante. La sociedad no puede resistir más. ¿Acaso no entendemos que, si seguimos bajo el influjo de la ideología socialista, corremos el riesgo de destruirnos como sociedad?
En este sentido, presentamos algunas propuestas —radicales, necesarias y útiles— para asestar un golpe mortal a la delincuencia, enfrentando su intención de enriquecerse mediante delitos graves y actos de corrupción (madre de todos los delitos), así como las diversas modalidades delictivas derivadas de esta (hijos de la corrupción):
Cero beneficios penitenciarios para los infractores.
Incautación y pérdida de dominio de los bienes obtenidos mediante el delito. Inicio de oficio de investigaciones por lavado de activos, tanto para el infractor como para su entorno social y familiar.
Muerte civil para el ejercicio de sus actividades económicas. Proscripción social mediante un registro oficial de infractores de delitos graves, similar a Infocorp, accesible para consulta por parte de la comunidad en general.
Finalmente, si realmente queremos erradicar este flagelo, se debe garantizar la implementación de estas medidas legales, priorizando el ejercicio real de la autoridad, hoy mellada injustificablemente. Es fundamental anteponer el interés colectivo nacional y asegurar la existencia, desarrollo y bienestar de nuestros niños y jóvenes, quienes actualmente ven comprometido su futuro en nuestra querida nación. Estas propuestas constituyen un reto para quienes representan, en la actualidad, el poder gubernamental y congresal.
(*) Presidente de APROSEC.
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