Con entusiasmo veo que el Congreso de la República se ha propuesto llevar a cabo al fin la designación de los seis miembros del TC en un momento importante para la vida republicana. En primer lugar, porque se trata de un tribunal con poco más de dos años del plazo vencido y que ha quedado expuesto a una serie de críticas bastantes severas y objetivas.
En segundo lugar, porque el Perú requiere de un TC que colabore y que contribuya en la cabal defensa del Estado Constitucional del Derecho y de los derechos fundamentales.
En esa línea, creemos importante que el Congreso modifique la ley que establece el sistema de nombramientos; entendemos que debe regresarse al sistema de invitación ya que el que se utilizó en el proceso anterior ahuyenta, espanta a los letrados y juristas más importantes que no quieren verse menoscabados en su dignidad y prestigio profesional.
La comisión que se elija para esta tarea deberá tener en consideración dos aspectos: lo primero es que las personas que sean propuestas al pleno del Congreso deben acreditar un sólido prestigio personal, buena moral social; deben tener una especialidad jurídica, particularmente en el derecho constitucional, y, sobre todo, considerar de manera ponderada el tema de las edades; vale decir, tener un tribunal de gente joven pero de experiencia. Por supuesto, también tiene que existir la cuota de género, también verse la presencia combinada de profesores universitarios, abogados litigantes exmagistrados.
Luego de que se ha producido esta selección con estas características, el sistema de nombramientos es un sistema político y en consecuencia queda sujeto como corresponde a los procesos de concertación, de acuerdo entre las distintas bancadas. En consecuencia, se trata de un proceso en el que, salvaguardando la calidad, eficiencia y eficacia de los futuros miembros del TC, la elección estará sujeta al acuerdo de bancadas recordando que para la elección se requieren 87 votos.
La comisión no debe temer a las críticas, muchas de ellas son interesadas, existen sectores que en cierto modo han captado parte del Ministerio Público, parte del Poder Judicial y quieren mantener una presencia en el TC. Consideramos que eso no es correcto, porque los magistrados una vez elegidos deben dar cuenta de una autonomía e independencia, ya sea de los propios poderes públicos como de entidades privadas pero que tienen intereses notorios en la actividad judicial.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
