Mucho se discute en la opinión pública si Pedro Castillo debe irse por renuncia, por ser vacado por la causal de incapacidad moral permanente o por destitución declarada por el Congreso. Sea como sea, es importante para el Perú deshacerse de un gobierno incompetente y corrupto. La incapacidad ya está probada hasta la saciedad, la existencia de cuatro gabinetes y el último tambaleándose así lo acreditan; una multitud de flamantes funcionarios con más prontuario que hoja de vida. También el lanzamiento de promesas sin pies ni cabeza (nueva Constitución, segunda reforma agraria, etc).
Respecto a la corrupción, la delación de Karelim López, ha puesto contra las cuerdas al presidente, pues contiene imputaciones que pueden ser comprobadas con relativa facilidad en un proceso de investigación que debe tener la mayor independencia; pero esa es la secuela judicial, en la que está más que cantado que al imputado le espera varios años de cárcel y con él a varios ministros que pareciera no tienen idea de las consecuencias de quedarse en el gabinete. Aquí una primera sugerencia, mejor es que los que no están comprometidos en esos actos renuncien antes del voto de confianza, como lo ha hecho el Ministro de Transportes. (Constitución art. 128° “Todos los Ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República, o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”).
Para que se active cualquiera de las causales, renuncia, vacancia o destitución, es la ciudadanía la que debe movilizarse, exigiendo a los congresistas una votación acorde al creciente sentimiento nacional. Como el Gobierno sabe eso y ha perdido fuerza para hacer presencia en las calles por el tremendo desprestigio en que incurrido, pretende desalentar las movilizaciones y sacó el D.S. 016-2022- PCM que declara el Estado de emergencia nacional, pero debemos aclarar que esa norma está vinculada exclusivamente a la situación de la salud.
Esta pretendida amenaza no es aplicable a las movilizaciones programadas por los sectores democráticos el sábado 5 de marzo, que han organizado una marcha pacífica y sin armas, para lo cual han dado aviso a la autoridad cumpliendo así con el único requisito constitucional. Está claro que la emergencia sanitaria no inhibe la ejecución de otros derechos fundamentales.
También está clara la contradicción del propio gobierno; hace 10 días daba ese decreto restrictivo por temas de salud y ahora permite la utilización de locales con 100% de aforo. Esto demuestra el sentido amenazador del régimen.
En otras palabras, vamos todos a las marchas sin temor alguno; no estamos violando la ley. Mas bien estamos exigiendo que el que la está violando, deje el cargo para el cual fue equivocadamente elegido por el pueblo al cual se le engañó miserablemente. Esta es la oportunidad, no la dejemos pasar sin actuar como corresponde.
¡La calle es la salida!
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
