¿Existe justicia para todos en el Perú? Está claro que el sistema de justicia en nuestro país sufre de graves deficiencias, tiene en su interior extensas redes de corrupción y se encuentra descarnadamente politizado y faccionalizado.
Como ocurre con otras instituciones del Estado, el problema central radica, más allá de las normas que lo regulan, en la calidad y moralidad de las personas que lo integran: la sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se había convertido en un antro de corrupción -con honrosas excepciones-, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha conducido a una nueva crisis institucional por las reiteradas violaciones de la Constitución realizadas por sus miembros, integrados en la defensa tinterillesca de sus fueros pero incapaces de realmente ejercer sus cargos con la imparcialidad e idoneidad de funcionarios que tienen en sus manos nada menos que la evaluación, el nombramiento y la destitución de jueces y fiscales y de las cabezas de la Reniec y la Onpe.
La creación de la Escuela Nacional de la Magistratura en sustitución de la JNJ por parte del Congreso -ya aprobada en la Comisión de Constituciónva a ser más de lo mismo en la medida en que sus puestos sean ocupados por la mafia caviar o válidos de las otras mafias que operan hoy en el escenario político, social y judicial del Perú.
Lo cual conduce a situaciones paradójicas dignas de Ripley: hace algunos días el exjuez supremo César Hinostroza, prófugo de la justicia, fue rehabilitado en la capacidad de ejercer la profesión de abogado y, en consecuencia, de autodefenderse en los múltiples juicios penales que se le siguen por su corrupta actuación en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto a través de un fallo benevolente y que debe ser sumariamente analizado e investigado ya que es abiertamente violatorio del artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este tipo de resoluciones -como la cautelar que amparó el “derecho” de Inés Tello a permanecer en la Junta Nacional de Justicia pese a que tiene 78 años y la Constitución fija un tope de 75 años para ejercer el cargo- son censurables e inaceptables y deben ser investigadas y eventualmente sancionadas por el órgano de control interno del Poder Judicial, lo cual no ha ocurrido y obviamente no va a ocurrir. El Tribunal Constitucional puso las cosas en su sitio, felizmente.
Si esto ocurre en las alturas del poder, ¿qué podemos esperar de la justicia para el ciudadano de a pie?
(*) Presidente de Perú Acción.
Presidente del Consejo por la Paz.
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