La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado alrededor de las 9 p.m. del viernes 9 de febrero, anunciando el inicio de “investigaciones preliminares” al fiscal supremo, Pablo Sánchez, así como a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez.
Esto se dio ante la publicación de la valiente periodista Milagros Leiva en WILLAX TV, la cual con cierto retardo fue acogida por la prensa nacional. Solo Expreso y La Noticia la difundieron desde el primer momento y solo La República hizo caso omiso, salvo por un tema para sus intereses.
Lo increíble es que la declaración del colaborador eficaz, Jaime Villanueva, se ha efectuado hace dos semanas, sin que la Fiscalía Suprema, ante la que se realizó, haya movido un dedo, es decir, no puso en conocimiento estos hechos a las autoridades competentes.
Ha sido la protesta principalmente del Partido Aprista Peruano en el Congreso el último viernes que ha presionado para esta reacción de la JNJ, disponiendo las investigaciones preliminares.
A diferencia de esta benevolente reacción, la misma JNJ en el caso de la Dra. Patricia Benavides prescindió de la investigación preliminar, requisito para el inicio del proceso disciplinario, y lo inició de frente, acordando inclusive la suspensión de la Fiscal de la Nación en menos de una semana, sin escuchar sus descargos y sin pruebas suficientes y válidas como los mensajes de WhatsApp editados, mutilados, adulterados y sin valor legal alguno al no tener fuente de origen, código hash, cadena de custodia con el agravante de que los equipos de donde presuntamente provienen, uno no existe y el otro fue destruido según versión del declarante.
¿Por qué, si estamos ante el mismo declarante Jaime Villanueva e inclusive con prueba idónea en el caso de la denuncia a los fiscales, la JNJ resuelve distinto? A la Dra. Benavides le aplica un procedimiento inmediato que no existe en la ley con suspensión de su cargo y a los fiscales sí les da todas las consideraciones que corresponden y no tramita su suspensión.
Cuando mencionamos el concepto prueba idónea, es porque en el caso de los fiscales es fácilmente comprobable por hechos públicos que la versión de Villanueva en esos casos es verificable; por ejemplo, Domingo Pérez consiguió que le den el bono que reclamaba y que cobra hasta hoy, es lo que Villanueva llama “malabares”.
El fiscal Pablo Sánchez contrató al fiscal suizo Lenz, que Gorriti exigió. Es verdad que Alan García sufrió un cerco criminal organizado por Gorriti al cual Rafael Vela le da información y por el que “cobró” para acceder a la prensa caviar. Mención aparte merece Gustavo Gorriti que en conferencia de prensa a propósito de la muerte de Alan García, dijo que “si hubiera sabido que esto iba a pasar, pedía una tregua”, palabras que lo delatan como el autor del cerco criminal que tenía como pretensión inicial humillar públicamente a nuestro presidente, pero que él frustró al accionar con dignidad y no permitir un vejamen a quien había sido dos veces presidente de todos los peruanos y cuya presencia extrañamos ahora.
Un fiscal independiente debería asumir este caso para determinar sus responsabilidades penales, tanto en la manipulación del Ministerio Público, “dirige las investigaciones, los fiscales van a su casa y su oficina, llama a los Fiscales de la Nación para bloquear diligencias, etc.”, como su responsabilidad en la persecución criminal, llamada cerco, contra Alan García.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
