Por estos días probablemente el Pleno del Congreso de la República vote el tema de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), después que la Secretaría técnica de la Comisión de Justicia del Congreso cambiara radicalmente las conclusiones de su primer informe final sobre las imputaciones contra los magistrados de la JNJ para recomendar la destitución de los mismos por presuntas faltas graves.
Lo que llama la atención es que el “nuevo informe” era prácticamente inexistente, estaba inconcluso, cuando se sometió a votación, siendo aprobado con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
Lo más probable es que la votación se vea durante la primera semana de noviembre del presente año, cuando los congresistas retornen de su semana de representación, siendo 87 votos los que se requieren para la mencionada remoción.
Aunque es de destacar que las congresistas Ruth Luque y Nieves Limachi, presentaron el 19 de Octubre pasado un informe en minoría como cierto contrapeso a la recomendación que busca la destitución de los miembros de la JNJ, la votación girará sobre el informe cambiado de la Comisión de Justicia.
Pero mientras el tema de la probable remoción de los integrantes de la JNJ preocupa a nivel internacional, en nuestro país el tema al parecer está pasando sin la suficiente atención por parte la opinión pública; esto es, por parte de la población general del Perú, al punto que no se parecen percatar que la democracia estaría siendo amenazada.
Para aquellos que piensan que la remoción del pleno de miembros de la JNJ no es una seria amenaza a la democracia, no deben olvidar:
1) La JNJ no solamente nombra y designa jueces y fiscales en todas las instancias, sino también al Jefe de la ONPE, que se encarga de planificar y desarrollar los PROCESOS ELECTORALES.
2) Al margen que no pocos congresistas tienen un racimo de investigaciones y procesos penales, la democracia consiste sustancialmente en la distribución y equilibrio de poderes, siendo la JNJ un importante organismo constitucional autónomo.
El actual Congreso al parecer va por más, al no haberse adelantado las elecciones pese a los 49 asesinados desde el inicio de las protestas sociales en diciembre de 2022.
Cuando los votos congresales no respetan estándares de razonabilidad y proporcionalidad, son ilegítimos, y en tal ilegitimidad se atenta contra el Estado democrático de derecho; es decir, contra la democracia.
(*) Analista politico
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