¡Haciendo justicia! (una evaluación objetiva del congreso que se va)

Qué no se ha dicho del Congreso 2021-2026, el último unicameral! Y los caviares, políticamente, montaron tramas conspirativas, mentirosas y delirantes. Pero afortunadas para engañar a la población. Ejemplo: el disparate de sostener que, durante el quinquenio, el Parlamento ejerció el poder supremo. Aunque para ello prefirieran del gobierno nacional a Pedro Castillo y Dina Boluarte, elegidos en la fórmula presidencial de Perú Libre, un partido político marxista-leninista, a tenor de sus propios estatutos.

Callan acerca de que este Congreso frenó el ímpetu gubernamental de imponer una “asamblea constituyente” que –además de dejarlo sin juego (Venezuela, Bolivia y Ecuador)– cambiaría las reglas constitucionales de nuestra República bicentenaria por una “dictadura plurinacional”. Sin duda, tuvo más arrojo que aquel de mayoría fujimorista que, entre 2018- 2019, terminó doblegándose ante la presión vizcarrista. En el futuro, la historia recordará que tal proyecto de desnaturalización política encalló por la tenacidad de la representación parlamentaria, en mayoría. Con errores y flaquezas inclusive, el Perú escapó de la senda del socialismo del siglo XXI. ¡Mérito que la ciudadanía democrática, grata, jamás debiera olvidar!

Tampoco fue menor romper con la colonización del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, tras largos años de cautiverio caviar, sin renovación de sus integrantes. (Como eran utilizados para socavar la majestad democrática del país representado en el Congreso nacional, con descaro indisimulado). Y, menos todavía, el retorno a la bicameralidad parlamentaria, de hondas raíces en la tradición constitucional. Fue menester plantar cara a la campaña caviar en contra, que apelaba a “la maniobra plebiscitaria” vizcarrista del 2018, en contubernio descarado con el autoritarismo fujimorista de 1993. Gracias a este empeño –con defectos y yerros, ¡qué duda cabe!– desde este agosto volverá a funcionar el Senado de la República.

Finalmente, imposible no alabar las leyes que han puesto coto a los abusos de jueces y fiscales, en su nefasto afán de judicializar la política.

Aunque falta comprensión al respecto, quizá sea la más peligrosa amenaza contemporánea contra el régimen republicano. Implica sustituir el imperio de la ley por la voluntad de la sentencia judicial. El trasiego de la norma general, abstracta e impersonal para gobernar la comunidad, como garantía para todos, a la decisión casuística al ritmo de cada coyuntura, en función de intereses y correlaciones. En síntesis: del gobierno del pueblo, democracia, al gobierno de los jueces, juristocracia.

A esta operación de salud pública el caviaraje ha motejado como “leyes pro-crimen”. Y lo grave, con bastante éxito. Poco importa que no tengan relación alguna con las extorsiones, asaltos, secuestros y asesinatos.

Mucha gente lo cree. Incluso las víctimas: choferes, bodegueros, ambulantes, cambistas, emprendedores, etc. Por eso los republicanos tendremos duras batallas contra esos infundios hacia adelante.

(*) Abogado constitucionalista