El Gobierno del Perú es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de los poderes. De acuerdo al Título IV de la Constitución Política, la estructura del Estado es la siguiente: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, cada uno de los cuales es autónomo. La división de poderes, precisamente, forma parte fundamental de la estructura del Estado en toda democracia y el respeto al papel que cumple cada uno de ellos, como lo manda la Carta Magna, es la esencia de todo Estado de derecho. Sin embargo, esa independencia fue resquebrajada por el Poder Judicial al pretender intervenir en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, medida que ha causado una tormenta política.
El TC, que está conformado por 7 magistrados que son designados por el Congreso de la República, es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, por lo que se encarga de velar por el pleno respeto a las leyes y decretos. Actualmente, el Tribunal está conformado por Marianella Ledesma Narváez (presidenta), Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. Seis de ellos ya cumplieron su mandato y deben ser reemplazados, como manda la ley.
En virtud a ello, es oportuno e idóneo que se dé curso a los mecanismos procedimentales para la elección de los miembros del Tribunal, como lo está haciendo el Congreso, con la evaluación y calificación de los aspirantes, de los cuales ya fueron seleccionados quince candidatos con sus puntajes y orden de mérito correspondiente.
Es realmente extraño y sintomático que el Poder Judicial haya admitido a trámite la demanda presentada por el abogado Walter Ayala, que pide la nulidad de todo el proceso que actualmente se está llevando en el Congreso. La medida fue adoptada, por cierto, por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, a cargo de la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, con una rapidez sorprendente, pues este tipo de resoluciones suele demorar semanas y hasta meses y no menos de 48 horas como ocurrió.
Esperemos, pues, que, por la salud de la democracia y la intangibilidad de la visión de poderes, el proceso de elección de los miembros del TC siga su marcha sin más piedras en el camino y ante un primer día donde no se logró elegir a ningún nuevo magistrado, se pueda concretar dichos nombramientos el día de hoy, por el bien del país. Porque que lo digo y escribo siempre lo firmo.
