Ollanta Humala: Tribunal Constitucional deja a voto el hábeas corpus para anular condena
La defensa del expresidente señaló que el caso de Humala debe recibir el mismo tratamiento que otros procesos similares.
Tras la audiencia de este martes 9 de junio, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió dejar al voto el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso.
Durante la audiencia, la defensa expuso sus argumentos frente a los magistrados del máximo intérprete de la Constitución con el objetivo de anular la condena de 15 años de prisión en Barbadillo del expresidente.
Humala fue sentenciado por el Poder Judicial por el delito de lavado de activos, con relación a presuntos aportes ilícitos obtenidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Igualmente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional también emitió una sentencia contra la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, quién, tras conocer el fallo judicial, acusó a las autoridades peruanas de «persecución política» y se autoexilió a Brasil.
Defensa de Humala
La defensa sostuvo que los aportes brindados a campañas políticas no se consideran lavado de activos bajo la legislación vigente durante los años investigados, además de que se le debe brindar el mismo criterio utilizado para otras resoluciones judiciales relacionadas con financiamiento político.
Un caso de este tipo es el fallo visto en el caso «Cócteles», donde el TC declaró que los aportes brindados durante una campaña política no califican como delito de lavado de activos hasta antes del 2016.
Sin embargo, se calificó como delito de lavado de activos al financiamiento obtenido durante las campañas electorales de los años 2006 y 2011, por lo que se sentenció a la expareja presidencial como coautores.
Por ello, bajo el principio de «igual razón, igual derecho», el caso de Humala debería seguir un tratamiento similar, aunque es el Tribunal Constitucional quien definirá si se vulneró el debido proceso o la libertad individual durante el juicio.
Cabe resaltar que, si bien el fiscal Germán Juárez Atoche resolvió que el financiamiento de una campaña política no configura un delito, esto puede cambiar si el dinero se origina por actividades ilícitas.
