El régimen democrático tiene como una de sus mayores virtudes que, dadas las elecciones, cualquiera puede ganarlas, generando en paralelo que los perdedores acepten esa realidad y la legitimen. Sin embargo, en las democracias subdesarrolladas no sucede eso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le niega la legitimidad al triunfo de Abelardo de la Espriella; Evo Morales, principal opositor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, amenaza con derrocarlo y, por aquí, en el Perú, un grupo de derrotados en el proceso electoral, algunos con representación parlamentaria, insisten en negar legitimidad a la presidenta electa Keiko Fujimori.
Lo hacen basados en el porcentaje de votos obtenidos en la primera vuelta por Keiko (17,19%), ignorando convenientemente que uno de sus más recalcitrantes opositores obtuvo apenas 0,49% del total de votos, es decir, 34 veces menos. Es decir, siguiendo la misma lógica, un opositor sin legitimidad para reclamar. Pero, más allá de estos análisis numéricos que rigen para los conteos y el debate bizantino, existe en el país un grupo de políticos que cree que puede imponer condicionamientos o plantear exigencias al gobierno desde la tribuna mediática o a través de pronunciamientos en foros donde solo acuden los que piensan igual que ellos.
Es así que hablan de “recuperar la democracia”, de un gabinete multipartidario, del indulto a Pedro Castillo o, lo más gracioso, que la presidencia de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores esté en manos de la oposición. “Es lo mejor para ella”, dicen convencidos un par de derrotados candidatos presidenciales. La democracia, en estas circunstancias, se devalúa, llegando a extremos en que puede inclusive corroerse cuando no se cuenta con el consentimiento de los perdedores, como bien recuerda Daniel Innerarity al citar a Christopher Anderson en un reciente artículo.
Más aún cuando las exigencias son inmediatas, sin posibilidades de tener un periodo de gracia política o lo que se conoce como los resultados luego de los primeros 100 días. Se amenaza con hacer peligrar el liderazgo de la presidenta si es que no cumple con las exigencias de los derrotados o no satisface inmediatamente los desafíos empeorados por cinco años de desgobierno, como es el caso de la seguridad, la salud o las prevenciones para el Fenómeno de El Niño. En esta suerte de interregno que hay hasta el 28 de julio, día en que asume el mando oficialmente Keiko Fujimori, los vencidos tienen prerrogativas en la formación de opinión pública por su presencia mediática.
Pero, a partir del 28 de julio, un nuevo Parlamento y Poder Ejecutivo tendrán oportunidad de desenmascarar a los exigentes derrotados a través del debate que los opositores sostendrán con diputados, senadores y ministros. En otras palabras, que aprovechen estos diez días que les quedan para seguir haciendo uso de los medios irresponsablemente, aprovechando que no hay quien les responda. La ciudadanía notará entonces quiénes desean trabajar por el bienestar del país y quiénes quieren sabotear esos esfuerzos, todo porque, hasta la fecha, no pueden digerir ni aceptar su derrota electoral.
(*) Ingeniero y exministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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