“El personal trabaja en condiciones inhumanas”. “Se gana lo mismo y se trabaja día y noche”. “El Ejecutivo debe entender el sacrificio y esfuerzo que realizan”. “Nosotros estamos afrontando una crisis porque tenemos una insuficiencia de personal fiscal que no puede abastecerse respecto a las necesidades urgentes de los casos que manejamos”. “El Ministerio Público tiene una serie de restricciones dentro del ejercicio de sus tareas”.
Los entrecomillados del párrafo anterior son expresiones del Fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Más claro… ni el agua. La situación de la Fiscalía es crítica.
No se trata de echar más leña al fuego. Pero en mi opinión, el Ministerio Público es –en parte– responsable de su propia crisis. En Ica –por ejemplo– cualquiera puede denunciar a cualquiera por cualquier motivo. Y la Fiscalía –permisivamente– tramitará todas las denuncias… tengan o no sustento legal.
El problema es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público no tienen sustento legal. O peor aún, son denuncias maliciosas. Es decir, denotan mala intención de parte de los denunciantes.
Ese es el caso de varias denuncias en mi contra, y otras parecidas contra otros funcionarios probos que colaboraron en mi gestión como Gobernador Regional. El hecho es que las denuncias se están archivando, una a una. La pregunta es: ¿por qué la Fiscalía no sanciona a los denunciantes maliciosos? Todo el mundo lo sabe. El Ministerio Público está atiborrado de ese tipo de denuncias. Denuncias que congestionan innecesariamente el trabajo de los fiscales, y que –tarde o temprano– se van a archivar. O sea, todo por las puras.
Por un lado, necesitamos un Ministerio Público autónomo que defienda la legalidad y los intereses públicos, sin injerencia de ningún otro poder del Estado. Una Fiscalía que combata la corrupción con eficiencia y firmeza. Sin embargo, por otro lado, gente inescrupulosa –muchas veces corrupta también– sobrecarga maliciosamente al Ministerio Público con denuncias que no tienen sustento alguno.
Insisto, ¿por qué la Fiscalía no denuncia a los denunciantes maliciosos? Más aún, cuando –según el propio Fiscal Vela– “los fiscales están trabajando en condiciones inhumanas”. ¡Quién entiende a la Fiscalía!
Para aquilatar la gravedad del problema, sería bueno que el Ministerio Público informe acerca del número de denuncias sin sustento que hayan sido archivadas en los últimos años. A ese respecto, estoy seguro de que se trata de una cifra enorme. Pues bien, todas esas denuncias nunca debieron llegar a la Fiscalía. O en todo caso, nunca debieron pasar de la mesa de partes. Pero no. La Fiscalía las acogió. Interrogó a denunciantes y denunciados. Gastó tiempo, papel y tinta. Y nada. Todo terminó en un desgastante “¡archívese!”.
¡No hay derecho! De no ser por esas denuncias, los fiscales habrían tenido más tiempo para atender los casos que sí configuran delitos reales. Y habrían trabajado en mejores condiciones.
Propuesta: Toda denuncia archivada debe merecer un resarcimiento pecuniario. Tanto a la Fiscalía por lo gastado en el proceso, como al denunciado por lo gastado en su defensa.
A ver si así se controla la perversa práctica de denunciar por denunciar. Y –más importante aún– a ver si así se alivia la crisis del Ministerio Público.
(*) Exgobernador de Ica
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
