Molesta profundamente la presencia de Evo Morales en Lima, no solo porque se trata de un personaje siniestro acusado de pedófilo y narcotraficante, sino porque encabeza el pedido boliviano de salida al mar a través de nuestro territorio. Algo inaceptable.
El planteamiento es un despropósito jurídico y político en el cual el Perú no debe involucrarse. Tras la infausta Guerra del Pacífico (a la cual los paceños nos arrastraron y luego se separaron vergonzosamente cuando todavía seguían los combates), Bolivia perdió Antofagasta, con unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa. En 1884, un año después del Tratado de Ancón, las relaciones chileno-bolivianas se restablecieron por el Pacto de Tregua.
En 1904 esos dos países suscribieron su Tratado Definitivo de Paz y Amistad. Sin embargo, en el ínterin, entre 1895 y 1896 La Paz y Santiago intentaron acuerdos, finalmente frustrados, para que traicioneramente los bolivianos se apoderaran de Tacna y Arica en caso Chile se asegurara la definitiva posesión de dichas provincias peruanas por entonces cautivas. En 1929 el Tratado de Lima, que devolvió Tacna a la peruanidad, estableció en su protocolo complementario que los gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías.
Por eso la solución a la mediterraneidad boliviana es inviable salvo que los chilenos cedan parte de su propio territorio, tal como se pudo concluir tras el también frustrado Acuerdo de Charaña de 1975 entre Banzer y Pinochet.
De 1978 a inicios del 2000 las relaciones chileno-bolivianas se degradaron. En el 2006 se estructuró una agenda ya estancada de 13 puntos, entre los cuales destacaron la eventual provisión de gas para Chile y la exploración de una nueva fórmula de salida al mar. El reclamo histórico apunta a conseguir un “acceso soberano y útil al Pacífico sin compensación territorial” y exige que exista una “obligación de buena fe” de negociar una salida soberana al mar; algo descartado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 2014.
En 1979 la ONU aprobó una resolución que insta a tal negociación, pero jurídicamente el Pacto de Bogotá impide que las partes se refieran a temas resueltos antes de 1948; y es imposible que la CIJ revise el tratado de 1904 por temas jurisdiccionales porque las fronteras solo pueden modificarse de común acuerdo y no coactivamente. Además son irrelevantes jurídicamente las declaraciones paceñas respecto a que dicho tratado fue “injusto, ilegítimo, impuesto e incumplido”.
El Gobierno de Lima debe, frente a esto, mantenerse absolutamente al margen porque, salvo cautelar que no se afecte nuestra soberanía en los términos establecidos en 1929, la imparcialidad y el prudente escepticismo deben ser nuestra norma. Recordemos, a propósito, que traicioneramente Evo Morales consideró que nuestra causa de delimitación marítima con Chile era una manipulación “para afectar una de las posibles soluciones a nuestro pedido histórico”. No caben, pues, forzadas fraternidades ante este caso artificioso de los bolivianos.
(*) Analista político
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
