El papel de la Fiscalía en la investigación al presidente (IV)

Si el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde rompió con una tradición de no investigación a los presidentes de la República durante su periodo de gobierno por delitos no incluidos en el artículo 117 de la Constitución, la recientemente nombrada fiscal suprema y recientemente designada fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, confirmó tal ruptura histórica y la llevó a su potenciación con la apertura de nuevas investigaciones por delitos no incluidos (organización criminal, tráfico de influencias agravado, colusión agravada, encubrimiento personal, etc.), sin mencionar la investigación que se le habría abierto en Trujillo por un presunto plagio en su tesis de grado de maestría, obtenido por Pedro Castillo antes de ser presidente de la República.

Pero sucede que por un reciente Informe de periodismo de investigación, realizado por IDL Reporteros, la actual fiscal de la nación habría cambiado a la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, que investigaba a dos de sus hermanas: Enma Benavides Vargas y Ruth Benavides Vargas. La primera (jueza superior de la Corte Superior de Lima) se encuentra investigada por haber dejado en libertad, con comparecencia, a procesados por narcotráfico, a cambio de coimas, y la segunda (jueza superior de la Corte Superior del Callao) se encontraría investigada por la presunta contratación irregular de un total de 242 trabajadores para la Corte del Callao, entre los años 2019 y 2020.

El argumento del cambio de fiscal fue por una baja productividad, que, de acuerdo con el Informe de IDL Reporteros, no tiene asidero alguno en la realidad, por los avances en las investigaciones contra altos funcionarios del Estado que tenía Revilla Corrales al momento de ser removida por la fiscal de la Nación, sin mencionar que la actual fiscal de la Nación había dispuesto que la ex fiscal Revilla pase a ser la fiscal adjunta de un fiscal que antes había sido investigado por la propia Revilla (Miguel Vegas Vaccaro), y que no precisamente era un ejemplo de productividad, al haber dispuesto su suspensión durante un mes la propia Oficina de Control Interno del Ministerio Público, por haber permitido la prescripción de más de cien (100) expedientes en dos años de gestión.

Frente a ello, Bersabeth Revilla renunció al Ministerio Público, revelándose un caso de probable conflicto de intereses, que iría en contra de los preceptos de la ética pública.

(*) Analista político

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