El papel de la Fiscalía en la investigación al presidente (III)

Las instituciones no se expresan al final en un nivel abstracto, sino en lo concreto a través de sus representantes, que en el caso de las instituciones públicas se refiere a los funcionarios públicos. En el caso del Ministerio Público su máximo representante es el fiscal de la Nación (hombre o mujer), el cual, a diferencia del presidente del Poder Judicial, no solamente tiene funciones de gestión, sino también de investigación a altos funcionarios del Estado, entre los cuales se encuentra precisamente el Presidente de la República, por los delitos mencionados en el artículo 117 de la Constitución, cuando la presunta comisión delictiva se dio durante el periodo de gobierno presidencial.

Actualmente la fiscal de la Nación es Liz Patricia Benavides Vargas, recientemente nombrada fiscal suprema titular por la Junta Nacional de Justicia, y que anteriormente era una fiscal adjunta suprema que trabajaba como adscrita a la Fiscalía de la Nación, en tiempos del ex fiscal Pedro Chávarry, al cual habría pedido que dé “un paso al costado” y que permita “una salida democrática” a la crisis que atravesaba el Ministerio Público a inicios del año 2019, porque, según un Comunicado que habría realizado, “las marchas y contramarchas” relacionadas a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez habrían generado una grave crisis de legitimidad institucional, pues el entonces Presidente de la República, Martín Vizcarra, había presentado ante el Parlamento Nacional, un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público.

Tal crisis de legitimidad institucional había sido precedida por el mega escándalo de los “CNM audios” de Julio de 2018, que revelaron una corrupción en los más altos niveles del sistema de justicia del país, lo que, por cierto, era un secreto a voces, ya que solamente se necesitaban las correspondientes pruebas.

Pero la crisis de legitimidad del Ministerio Público de ese entonces no se dio, en estricto, por las marchas y contramarchas respecto a los fiscales Vela y Pérez (por el cambio y retorno de los miembros del equipo fiscal Lava Jato), sino por pretender cambiar un equipo fiscal que estaba mostrando resultados en casos emblemáticos de lucha contra la corrupción y lavado de activos, ya que cambió al equipo por otros fiscales el 31 de diciembre de 2018, y retrocedió ante las marchas masivas de la sociedad contra tal cambio.

(*) Consultor político

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