La Comisión Permanente del Congreso, presidida por Alejandro Soto, aprobó en segunda votación la ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002, que beneficia al expresidente Alberto Fujimori y había generado un cuestionamiento de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La medida, que fue aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entra en vigor recién a partir del año 2022, por lo que los delitos cometidos anteriormente no estarían incluidos y juzgar a una persona por ellos se contrapondrían entonces con los principios de legalidad y de irretroactividad.
Esta aprobación se da luego de que la Corte IDH ordenara al Estado peruano de dejar sin efecto el citado proyecto. En tanto, la legisladora Patricia Chirinos calificó como una “grosera intromisión” de la Corte IDH a la que señaló de servir para defender terroristas. “Es inaceptable que una entidad ajena quiera manipular nuestra democracia”, acotó.
Horas después, el Poder Judicial (PJ) rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet, por su presunta intervención en el caso Pativilca (Caraqueño) y La Cantuta.
A través de sus redes sociales, informó que “el tribunal concluyó que los hechos atribuidos, calificados como asociación ilícita para delinquir, en la medida en que están ligados a graves violaciones a derechos humanos, pueden ser considerados también de lesa humanidad”.
En consecuencia, el tribunal supremo dispuso que el proceso prosiga en este extremo, según su estado.
“HICIMOS RESPETAR NUESTRA CARTA MAGNA”
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, expresó su rechazo a las intervenciones de organismos internacionales en asuntos de soberanía del Estado peruano. “(…) Una vez más, hicimos respetar el artículo 93 de nuestra Carta Magna: ‘Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación’”, publicó en su cuenta de Twitter.
