Es claro que el 28 de julio de 2021 en momentos de celebrar nuestro bicentenario el Ejecutivo no tenía un parlamento para gobernar sino para sobrevivir. La oposición solo esperaba el momento en que el presidente cometiera un acto deleznable para vacarlo, y por eso hubo hasta dos mociones de vacancia.
Pedro Castillo por lo menos sabia sumar y restar, y creía que necesitaba 87 votos para quedarse en el poder, otro cerca de él con más habilidad le aconsejó que no necesitaba tantos sino solo 43 y con esa cantidad de parlamentarios podía “gobernar”, porque los grupos de izquierda no llegaban a tantos, por eso surgieron los llamados “niños” que aparecieron en las investigaciones cuando Karelim López los denunció.
Era obvio que había permanente incapacidad del presidente su presencia en el extranjero nos dejaba mal, sus intervenciones demostraban lo poco preparado que estaba y el Congreso con su precaria mayoría no lo dejó salir del país en dos oportunidades, algo nunca ocurrido en 200 años de nuestra historia republicana. Creo que lo más patético que le pudo pasar al mandatario peruano fue la burla de Bolsonaro en Porto Velho, Brasil, al quitarle el sombrero chotano (del cual no se desprendía) y ponérselo haciendo un gesto de aprobación.
Se le suma a todo esto elegir ministros con perfiles cuestionables, donde en otras administraciones jamás a mandatario alguno se les hubiera ocurrido incluir para una correcta administración del Estado.
Como no se sabía gobernar, entonces aparecieron los llamados Consejos de ministros descentralizados distrayendo con ofrecimientos y promesas que eran imposibles de realizar.
La primera manifestación de alianza entre el Congreso y Dina Boluarte fue cuando el 5/12/2022 no se le destituyó del cargo de vicepresidente y se le inhabilitara hasta por 10 años de ejercer función pública, cuando todo la acusaba por haber cometido infracción a la Constitución y representar a una institución particular cuando ya formaba parte del gobierno.
Dos días después el 7/12/2022 Castillo decide dar un golpe de estado, el intento de hacerse de todo el poder del presidente fracasó y allanó el camino a que Boluarte tome el mando de país. Bajo estas circunstancias Boluarte le debía su posición al Congreso y por eso al momento de su juramentación afirmaba que iba a gobernar hasta el 2026. Las protestas del sur y en otras partes del Perú hicieron que después afirmara que iba a convocar a elecciones para el año 2024 y el radicalismo al verla con debilidad agudizó la protesta.
Pasada la convulsión y medianamente aquietadas las aguas, se comienza a traslucir la vena de la mayoría incipiente del Congreso: ley mordaza (suspendida su aprobación), elección del defensor del pueblo, respaldo a “los niños” y últimamente la aprobación de la Ley N° 31751 que reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales, con el abierto rechazo del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Bajo estas lamentables decisiones del Congreso, aún le falta elegir a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿quién será este nuevo “tribuno”? Si Josué Gutiérrez es abogado y fue defensor de Vladimir Cerrón, entonces por qué no podría ser Walter Ayala Gonzáles, un abogado defensor del régimen de Castillo. ¿El Congreso puede llegar a ese extremo y llegar al 1% de aprobación?
(*) Excongresista
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