Con la llegada del general don José San Martín al Perú, una de las primeras medidas que tomó fue crear la Cámara de Apelaciones, en la ciudad de Trujillo, una especie de Tribunal Judicial en reemplazo de la Real Audiencia.
Esta Cámara de Justicia, que tuvo una corta vida, comprendía Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz, y Chachapoyas, y tuvo como sede la ciudad de Trujillo.
En cumplimiento al mandato del artículo 101 de la Constitución de 1823, el Libertador don Simón Bolívar expidió el decreto del 26 de marzo de 1824, creando la Corte Superior del Norte, con funciones de Corte Suprema. Este tribunal, se instaló en la Iglesia de los Jesuitas de Trujillo, el 30 de abril de 1824, e inició sus actividades el 4 de mayo. Su primer presidente fue el doctor Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada.
Tras la batalla de Ayacucho, la Corte Superior trasladó su sede a la ciudad de Lima, en diciembre de 1824.
Durante los siglos XIX y XX, la administración de justicia enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo la corrupción, la falta de recursos y la interferencia política.
En los pocos años de estabilidad política que gozó el país, se implementaron reformas para fortalecer el sistema judicial y garantizar la igualdad ante la ley. Sin embargo, el apetito voraz de algunos políticos por controlar el Poder Judicial durante la mitad de los años 80 y, especialmente, durante los años 90, llevó a que muchos jueces independientes fueran destituidos.
En los últimos años, nuestro país realizó esfuerzos para fortalecer su sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. La creación de la Junta Nacional de Justicia en 2018, encargada de seleccionar y nombrar a jueces y fiscales, fue un paso importante hacia la consolidación de un Poder Judicial independiente y transparente.
Sin embargo, aún persisten desafíos importantes que deben abordarse como la corrupción que sigue siendo una amenaza latente, socavando la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho. Además, la falta de recursos y la lentitud en los procesos judiciales obstaculizan el acceso a la justicia para muchos peruanos.
Para avanzar hacia una administración de justicia verdaderamente democrática, transparente y moderna, es necesario un compromiso firme con la integridad institucional, la independencia judicial, y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Así como el uso de nuevas tecnologías en una era de la IA. Esto requiere no solo reformas legislativas y estructurales, sino también un cambio cultural que promueva la ética y la responsabilidad en todas las instancias del sistema judicial.
En el bicentenario de la justicia, es imperativo reflexionar sobre los logros y desafíos de estos dos siglos de historia judicial. Solo reconociendo nuestras fortalezas y debilidades podremos construir un sistema judicial que refleje los valores democráticos y garantice la igualdad y la justicia para todos los peruanos.
Finalmente, un reconocimiento al aporte de la ciudad de Trujillo, cuna de la justicia en el Perú desde los albores de la República, y a la Corte de La Libertad, como heredera de ese legado.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
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