Por fin se están conociendo las entrañas de la mayor organización política y policíaca que han venido extorsionando al país desde el año 2016, por tanto es hora de procesar a los cabecillas de la Diviac, los fiscales cómplices y los periodistas y directivos de las ONG que participaban en esa red delincuencial.
En síntesis, la División de Investigación de Crímenes de Alta Complejidad nació no por una necesidad real del país, sino por la voluntad de miembros del Ministerio Público que necesitaban un brazo armado para apoyar sus investigaciones sensibles. Es decir, que se creó literalmente como una Policía política a órdenes de un puñado de fiscales politizados y corruptos. El esquema de trabajo era impresionante: la Diviac estaba revestida de poderes omnímodos, precisamente amparados por la fiscalía, actuaba con compartimentaje dentro de la institución de la Policía y recibía millonarios fondos reservados sobre los cuales no rendía cuentas.
Aunque eso parezca increíble, pues ahora está apareciendo las pruebas sobre sus intervenciones atorrantes y criminales como el caso del cerco al ex presidente Alan García, la intervención irregular (portando armas a Palacio de Gobierno), el descerraje brutal a la casa de la presidente Boluarte, etc. Y también han salido a la luz los manejos corruptos de los fondos asignados respecto de los cuales, para no informar en qué se invertían, inclusive hicieron un operativo de secuestro simulado en el cual supuestamente robaron computadoras donde estaban registrados los gastos.
Pero eso no es todo, va quedando más claro el esquema según el cual las investigaciones reservadas de la fiscalía eran filtradas sistemáticamente a ONG como IDL y la prensa parcializada con el pensamiento caviar para publicar “informes” exclusivos y hacer campañas mediáticas que tuvieran el objetivo político de destrozar la honra, el prestigio y el honor de quienes ellos quisieran.
Es decir que la Diviac era parte clave de una mafia poderosa y descarada que hizo lo que le dio la gana durante ocho años. Y es revelador que durante todo este tiempo ninguna instancia de control interno de la Policía Nacional le pusiera freno; y que tampoco el poder político reaccionara frente al literal circuito de chantaje que operaba haciéndole grave daño al país.
Hoy, cuando finalmente se está investigando y evidenciando quienes son los responsables, lo que debemos exigir desde la prensa independiente y la opinión pública es que la Policía política desaparezca porque atenta contra el sistema democrático; y los jefes policiales y cabecillas de la banda denunciada deben ser procesados y sancionados con rigor asignándoles penas de prisión ejemplares.
Al mismo tiempo es hora de destituir a los fiscales que han venido haciendo uso de las redes siniestras de la Diviac y tiene que cortarse la fuga de información que convierte al Ministerio Público en órgano de extorsión política. ¡Basta de impunidad!
(*) Analista político.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
