El primer acto masivo de desobediencia civil ocurrió el pasado 5 de abril en reacción a una absurda disposición de gobierno de retener en sus domicilios a todas las personas, contenida en el D.S. 034-2022-PCM que ordenaba la inmovilización social obligatoria en los distritos de Lima Metropolitana y Callao anunciado entre gallos y medianoche y con la finalidad de evitar movilizaciones, para lo cual se declaraba el Estado de Emergencias y suspensión de garantías constitucionales.
La ciudadanía, sorprendida por esta noticia, de forma espontánea y sin directiva ni orientación alguna, empezó a salir a las calles pacíficamente en largas marchas convergentes al centro de la ciudad, que fue copado por una multitud como no se había visto últimamente. Abarrotaron la avenida Abancay en el ánimo de llegar al Congreso, donde se encontraba Pedro Castillo, y avisado de que las masas se acercaban al Congreso, metió una mentira, para justificar su apresurada y miedosa salida.
La presencia de la ciudadanía en las calles era un acto de abierta desobediencia civil que arrinconó al gobierno, que demostró la verdadera dimensión de la oposición democrática, la cual se quiso desacreditar con desmanes producidos por gente contratada por el gobierno que atacó algunas dependencia públicas como la Fiscalía. Los auténticos manifestantes nada tenían que ver con dichos disturbios.
El pasado 11 de junio, El Peruano publicó el D.S. 068-2022-PCM esta vez firmado por Dina Boluarte, por ausencia del titular de la presidencia, disponiendo convertir el lunes 13 de junio en fecha no laborable, para facilitarle a la gente ver el partido de fútbol Perú-Australia en Catar. O sea, el partido que duraría 90 minutos y con el alargue llegó a 120 minutos (o sea dos horas), justificaba que no se trabaje esa fecha en el sector público, con los notorios perjuicios que esto hubiere podido causar a los ciudadanos en multitud de gestiones y trámites.
Un oportuno Twitter que pusimos el mismo día 11 en la mañana, llamando la atención de lo que esta absurda medida significaría en pérdida de miles de citas médicas, suspensión de diligencias judiciales y pérdidas económicas valorizadas por expertos en 1,500 millones de soles y principalmente en lo que todo el mundo advirtió, postergar la citación de la Fiscalía a Pedro Castillo Terrones.
La primera entidad que desconoció la orden fue el Poder Judicial en comunicado emitido por su presidenta la Dra. Elvia Barrios. Lo siguió con buen criterio la Superintendencia de Migraciones expidiendo pasaportes. Los Hospitales Militar y FAP hicieron lo mismo con sus pacientes.
Un segundo Twitter hizo que EsSalud y el Minsa anunciaran la normalidad de sus atenciones. ¿Pueden ustedes imaginarse qué hubiera pasado con miles de pacientes que habían esperado, a veces meses, para una consulta o una operación?
También fue muy encomiable que los municipios de Jesús María y San Isidro continuaran operando normalmente y entiendo que otros también.
Al final, hasta el Jurado Nacional de Elecciones anunció que seguiría atendiendo y está muy bien, puesto que el lunes 13 era el penúltimo día de inscripción de candidatos regionales y municipales.
Toda una lección de civismo dio la ciudadanía.
Ex Congresista de la República
Ex Presidente del Consejo de Ministros
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