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“Delincuencia crece por incapacidad de autoridades”

Analista Giovanna Peñaflor dice que problema viene de mucho antes y responsabiliza al Ministerio del Interior y al Policía

  • Según Giovanna Peñaflor, es necesario que las autoridades peruanas y venezolanas coordinen ara realizar un mejor control migratorio.

La consultora política Giovanna Peñaflor, en entrevista a La Noticia, sostuvo que el incremento de la delincuencia se debe a la incapacidad de las autoridades y no necesariamente por la presencia de venezolanos al margen de la ley en el país.

El gobierno de Dina Boluarte anunció un paquete de medidas migratorias para prevenir y frenar la delincuencia extranjera y reenfocar las políticas de seguridad ciudadana. ¿Es una tardía reacción ante un problema que ha desbordado al país?

Mire, el problema de la incapacidad del Ministerio del Interior, y de la Policía Nacional, viene de mucho tiempo antes. Poner el foco solamente en los migrantes es un tema más de opinión pública. Es responder a una situación que existe, es cierto, pero que tampoco es la única delincuencia que nosotros tenemos. Están también el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, la venta de oro ilegal. Tenemos una serie de delitos. El tema de los venezolanos es un añadido más, pero que ha sido muy abordado por los medios, y lo que se muestra es un deseo de este gobierno de congraciarse con la opinión pública.

Sin embargo, este grave problema de la delincuencia extranjera existe, al punto que, como consecuencia, se elevó exponencialmente la inseguridad ciudadana.

Por eso, es obvio que hay un problema. Y para solucionarlo se requiere, entre otras cosas, también de un acercamiento con el gobierno de Venezuela para obtener información sobre los antecedentes policiales de esas personas. Porque el problema es la falta de control en el ingreso del país; la falta de control cuando están acá, y de seguimiento. Ese es el tema. Y la solución de este asunto pasa por acceder a la información que permita validar que los extranjeros que estén en el país sean verdaderamente personas que no tengan antecedentes penales, policiales o judiciales, que puedan significar un riesgo aquí.

A propósito de ello, no hay que olvidar que hay aproximadamente 400 mil venezolanos no registrados en el Perú.

Eso es responsabilidad de los sucesivos gobiernos, porque el problema viene ya desde hace bastantes años. Usted me pregunta si no voy a saludar algo que haga este gobierno. Para empezar, habría que esperar que lo haga bien, ¿no? Porque los anuncios, las declaraciones, se repiten y se repiten y, finalmente, nunca hay nada bien hecho.

Además, la delincuencia extranjera, en especial la venezolana, asola a nuestro país con métodos cada vez más brutales.

Mire, yo no tengo las estadísticas exactas. Lo que se conoce es que en todos los países de Latinoamérica se ha producido un incremento de la delincuencia relacionado con la migración venezolana, debido a la decisión del gobierno venezolano de liberar delincuentes a través de este mecanismo. Eso es lo que verdaderamente ha ocurrido, además de una incapacidad de los gobiernos que están ahí, para poder tomar medidas preventivas, en relación a garantizar que las personas que entren cumplan con determinadas condiciones.

¿Cómo entender a un sector de peruanos que insiste en cerrar los ojos ante esta problemática, acusando de “xenofobia” a quienes pretenden preservar la seguridad ciudadana de todos los peruanos?

Cuando se toman políticas generales, estas deben tener como objetivo disminuir el problema de la delincuencia y no exacerbar posiciones nacionalistas. Cuando se habla de la delincuencia foránea, es como si uno tuviera que defender la delincuencia nacional. Y eso, en mi opinión, cae en lo ridículo. La delincuencia y la capacidad de la policía para enfrentarla, debiera ser la misma. Que se tomen medidas contra los que son encontrados en actos delictivos.

PLANTEA MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Giovanna Peñaflor sostuvo que el caso del feminicida venezolano Sergio Tarache, que quemó viva a su pareja, Katherine Gómez, ha evidenciado la falta de información y acción en el Estado y las autoridades pertinentes respecto a cómo debe actuar el gobierno frente a un extranjero para que pague sus delitos en el Perú.

“Hay situaciones que terminan haciendo que se polaricen las posiciones: unos que dicen que no se debe ser xenofóbico, y pensar en alguna alternativa para este problema; y los que dicen que hay que deportarlos a todos. Entre esas dos visiones opuestas, antagónicas y casi fundamentalistas, está la situación equilibrada, que genere un marco legal, internacional y nacional, y que se actúe en base a ello”, explicó

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