Dejen de lado ofrecimientos populistas respecto a la inseguridad ciudadana

¿Qué pide y nos ofrece el Ejecutivo?: facultades legislativas al Congreso, para combatir la inseguridad ciudadana; pero tenemos 11 leyes y 11 Decretos Legislativos, con dicho nombre, dictado por diversos gobiernos y congresistas.

Pero verificamos que la criminalidad violenta no ha disminuido, se ha incrementado, en todo el país. No solo, en los distritos en las que se ha decretado el estado de emergencia, con el anuncio de la presidenta y el premier, que se va dar seguridad a los habitantes de dicho distrito.

Sin embargo, los alcaldes de otros lugares piden lo mismo, como si con la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, supuestamente, van a controlar a los delincuentes, cuando en realidad, dichos miembros colaboran con la policía, protegiéndolos de cualquier desborde. Es decir, van a la retaguardia, pues no pueden detener ni allanar domicilios, porque los únicos que pueden hacerlo es la policía; y lo más grave es que no tienen ningún plan estratégico, para combatir la delincuencia y los únicos que pueden elaborarlo es la policía, sin la intervención del ministro del Interior, solo su comando.

Pero los delincuentes agradecen que el gobierno de Sagasti, Vizcarra, Castillo y Boluarte, lo primero que hicieron fue desactivar, al menos el primero, a los altos mandos y a los que integraban el servicio de inteligencia, para colocar a quienes “eran de su confianza”, sin la experiencia y conocimientos.

En cuanto a estrategias a los que enviaron al retiro, únicamente para que le informen que se tramaba en contra de ellos, es decir se preocuparon de sus intereses y no de los peruanos, como objetivamente, comprobamos con el incremento de actos de terrorismo, sicariato, asesinatos, extorsiones, secuestros, sustracciones, feminicidios, delitos informáticos, usurpaciones, estafas.

Algunos alcaldes, incluyendo al de Lima, al parecer desconocen que se ha creado el Consejo de Seguridad, presidido por este último, que nunca ha convocado a los alcaldes distritales para llevar a cabo estrategias contra la inseguridad ciudadana; y, ahora, sostengan que se va “a calificar a quienes utilizan artefactos explosivos como autores de “TERRORISMO URBANO”, desconociendo que existe el delito de terrorismo, que se comete en cualquier lugar del país:

“El que provoca, crea o mantiene en estado de zozobra, temor en la población (…) realiza actos contra la vida (…) la libertad (…,) patrimonio, contra la seguridad (…), empleando armamentos, materias o artefactos explosivos (…) que capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad publica (…) no menor de 20 y no mayor de 35 años de pena privativa de libertad”.

De tal manera, que los fiscales denuncien e investiguen a estos delincuentes que vienen utilizando estos artefactos, desde hace varios años, atacando inclusive a la policía y para extorsionar, pese a que estos actos delincuenciales están previstos en la ley en referencia en forma expresa e inequívoca, como terrorismo; y no deben ser considerados como actos vandálicos, como lo vienen haciendo.

(*) Exdecano del CAL

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