La decisión del fiscal de la nación interino Juan Carlos Villena Campana de archivar, por sí y ante sí, el caso del expresidente Vizcarra representa la guinda sobre el pastel de la impunidad en el Ministerio Público.
Con justa indignación todos los peruanos somos testigos y víctimas de las decisiones criminales y corruptas del (a) Lagarto Martín Vizcarra durante la pandemia, que costaron la vida a más de doscientas mil personas; una
gran cantidad de las cuales fue literalmente sacrificada no solo por decisiones negligentes sino claramente dolosas del gobierno.
No se puede decir que no existen pruebas porque éstas abundan sobre la indebida compra de las inútiles pruebas rápidas, el tráfico en la adquisición de las mascarillas, la torpeza que implicó desabastecer de oxígeno
a hospitales y privado y el negociado escandaloso de las vacunas chinas, entre otras cosas.
No tomar en consideración nada de eso, no profundizar las investigaciones, bloquear el debido proceso judicial y dar disposición de archivo como único acto procesal constituye un reto al dolor y el hambre de justicia de los peruanos. Constituye también el ocultamiento de un negociado de corrupción que le costó al país miles de millones de soles; y es una forma de complicidad abierta con la camarilla que manejó al país genocidamente
durante la emergencia de la covid19.
El Congreso debe abrir investigación inmediata sobre la decisión de Villena Campana; y debe prosperar el
reexamen del caso, de acuerdo a lo planteado por la doctora Katherine Ampuero sobre la base del artículo
335.2 del CPP, porque lo contrario sería admitir que existe un funcionario de estado con súper poderes por los
cuales puede decidir a su libre voluntad sobre la justicia; algo que ni siquiera sería dable en el poder judicial
donde las decisiones de esa envergadura son necesariamente colegiadas y en doble instancia.
A Villena, además, el Congreso deben procesarlo constitucionalmente e inhabilitarlo por la forma escandalosa como administra el Ministerio Público. Tolera y alienta, ya sea con el silencio o con directivas atrabiliarias,
los desmanes de fiscales que se han dedicado a una guerra política contra quienes se oponen a la pérdida de poder de la mafia caviar. Y no se atreve a abrir investigación sobre los capitostes de esa camarilla infiltrada en el
sistema de justicia peruano desde la década del 2000.
Nunca en nuestro país se había visto una decadencia institucional tan grave y tan alto grado de permisividad ante sujetos que deberían ser procesados y presos sumariamente.
Entre tanto, es urgente que cobren cuerpo propuestas como las del doctor Natale Amprimo para modificar transitoriamente a la Fiscalía de la Nación y la malhadada Junta Nacional de Justicia
