Las cifras de la extorsión se han incrementado peligrosamente en nuestro país. Esta modalidad delictiva usa la intimidación, amenaza o violencia contra una persona para conseguir una ventaja económica indebida. Este delito tiene una sanción mínima de prisión de 10 años y máxima de cadena perpetua en la modalidad más agravada.
Existen dos tipos de extorsión: la virtual, por redes sociales o celular, y la directa, donde los extorsionadores interactúan con sus víctimas de manera personal.
Para entender la magnitud, en el 2016 hubo 185 casos denunciados; en el 2019 hubo 771 denuncias; y después de la pandemia en el 2021 ya había más de 4,000 denuncias. En el 2023, hubo casi 20,000 denuncias. Esto se debe a que organizaciones delictivas extranjeras, que tienen mayor capacidad operativa, están involucradas.
En Aprosec detectamos seis etapas que usan los extorsionadores:
1. Selección de la víctima: Se basa en información obtenida de la víctima en redes sociales, listas de posibles víctimas que se venden al mejor postor, características de la propia víctima, como llevar un perfil alto, conversaciones de dinero, negocios o temas sensibles en lugares públicos o datos obtenidos de su propio entorno.
2. Ablandamiento de la víctima: Los delincuentes inician conversaciones en redes o vía telefónica, dando a conocer sus intenciones.
3. Intimidación: Las tranquilas conversaciones iniciales se convierten en amenazas verbales y/o físicas.
4. Exigencia: El extorsionador realiza sus demandas económicas.
5. Punto de quiebre: Se realizan acciones violentas contra las víctimas, como disparar contra su negocio o vivienda, lanzar algún artefacto explosivo, enviar arreglos florales fúnebres o hacer llegar un seguimiento detallado de la persona o familia.
6. Negociación: La víctima, por miedo, cede y acepta el trato económico. La extorsión es hoy, después del robo de celulares, uno de los delitos más frecuentes debido a su simplicidad operativa.
Hasta la fecha no se conoce ninguna política de Estado contra este delito. Desde Aprosec volvemos a proponer que es importante sentar las bases con un trabajo integral y articulado, trabajando una política pública contra el delito.
Para ello debe tener indicadores, herramientas tácticas y modelos estadísticos que reflejen la situación real, costos económicos reales para su implementación y tener muy claro los posibles impactos y logros.
Finalmente, no vemos una real voluntad política de este gobierno para mejorar la seguridad ciudadana de todos los peruanos.
(*) Presidente de Aprosec
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