Cuando premunidos de falsa solemnidad, diría que hasta con afiatada soberbia, se analiza y comenta la situación que vive nuestra patria en estos tiempos difíciles, debido a las luchas y enfrentamientos entre altas autoridades del Estado e incluso las mismas instituciones públicas que representan, solo se dirigen a un público reducido, puesto que para el resto de compatriotas las expresiones de los comentaristas son temas teóricos, diríamos que académicos, incluso “leguleyos” o “abogadiles”, pero que poco o nada tienen que ver con la realidad que afronta la mayor parte de la población, incluyendo penurias, desabastecimiento, intranquilidad ciudadana, desempleo, efectos de la recesión y hasta estrés colectivo.
En los últimos meses hemos sido testigos de las confrontaciones aludidas en el párrafo anterior, pudiendo relatar entre otras la pretensión de la JNJ de entrometerse en temas administrativos del Ministerio Público, lo que es atribución de la Contraloría General de la República.
También se pudo observar la interposición de acción competencial del Ministerio Público contra la JNJ, como respuesta a lo antes señalado. En el Congreso se ha censurado al Ministro del Interior, bajo el errado concepto de que no ha hecho lo adecuado para vencer la ola de criminalidad y asaltos que afectan a los ciudadanos, como si ello no fuera resultado de años de abandono a la PNP, así como ser sus miembros pasibles de denuncias y procesos penales por cumplir con su deber constitucional de resguardar y recuperar el orden y tranquilidad pública.
Tanto en el Congreso como en la JNJ se investiga a la Fiscal de la Nación sin las garantías del debido proceso, y esta última autoridad interpone acusación constitucional ante el Parlamento contra la presidenta de la República, algunos ministros y otras personas que lo fueron.
Las prisiones preventivas más parecen adelantos de sentencias condenatorias por su larga vigencia, a lo que se suma el allanamiento, descerraje, violencia e incautaciones, en oficinas y domicilios personales de altas autoridades, inclusive con actuaciones de personal de menor nivel jerárquico contra quienes son sus jefes. Podríamos seguir y seguir en este relato, pero solo agregaremos el jolgorio que todo ello causa a cierta prensa irresponsable, que hace lectoría o sintonía con el escándalo y con los abusos, cuando no las malas noticias.
Todo lo que hemos señalado nos afecta a todos, no solo a un grupito de personas más versadas y de formación universitaria. Insisto nos afecta a todos, no son los comentarios puras disquisiciones exquisitas, son realidades que quitan la confianza a los inversores, sean foráneos o nativos que, al no tener confianza en el país al ver estos absurdos enfrentamientos, simplemente dejan de considerar al Perú como país receptor de inversiones, con lo cual habrá menos puestos de trabajo, la recesión crecerá y las oportunidades decrecerán. Los más afectados, como siempre, las personas menos tocadas por la fortuna.
Por ello, desde la sociedad civil, que nos agrupa a todos, los con mayores recursos como los sin recursos, tenemos que exigir a las autoridades el cese de esta guerra sin cuartel que nos lleva a una especie de suicidio económico y social colectivo. ¡Mesura por el amor de Dios!
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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