Sería muy interesante saber quiénes plantean las últimas propuestas en materia de seguridad ciudadana. Ya con la propuesta de la policía de orden y seguridad, que el Congreso de la República envió al archivo, el Ejecutivo ahora nos sale con otra propuesta descabellada y muy peligrosa: con el Decreto Legislativo 1585 publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de octubre de este año, el Ejecutivo dispone liberar a los condenados por diversos delitos o cambiarles la pena por una menor.
Cuando la pena privativa no es mayor a 5 años, esta se podrá sustituir por prestación de servicios comunitarios. Quienes han cometido delito con penas privativas de la libertad de hasta 5 años, ya no irán a prisión (delitos de hurtos menores o de violencia familiar quedarán impunes). Pero cuando la pena es hasta 10 años, el juez podrá convertirla con una sanción de vigilancia electrónica.
Además, cuando la pena impuesta no es mayor a 12 años, se le impondrá vigilancia electrónica, más limitaciones de días libres, aun cuando la misma norma reconoce que la vigilancia electrónica ha sido un fracaso, sumando que a la fecha no hay capacidad ni humana, ni de recursos, para un adecuado monitoreo.
Lo cierto y real es que hoy los jueces no se dan abasto, ya que hay un exceso de carga procesal, que con este Decreto esa carga se multiplicará, ya que los jueces estarán obligados a revisar de oficio los casos de prisión preventiva cada 6 meses. Para el caso de los delitos culposos de hasta 6 años, el juez tendrá que convertir la pena privativa de la libertad en pena de vigilancia electrónica.
Este Decreto Legislativo es para reducir la pena en varios delitos, como homicidios simples, el robo a mano armada, las lesiones graves, el aborto sin consentimiento, entre muchos otros delitos que tienen penas privativas de libertad dentro de esos rangos. Quiero advertir que desde mi análisis este Decreto no favorecerá ni a la mejora de seguridad ciudadana, ni a la justicia. Pero sí favorecerá a la impunidad y a la criminalidad en general. Cuánto tiempo se ha perdido con este gobierno que empezó con Pedro Castillo y hoy continúa con la presidenta Dina Boluarte. La única medida que resuelve en parte este problema es mejorar en seguridad la infraestructura y sistemas preventivos de nuestras cárceles y la construcción de cárceles más seguras.
Finalmente, si el Ejecutivo ha solicitado al Legislativo facultades especiales para legislar en materia de Seguridad Ciudadana, con el facilismo y absurdas propuestas, solo será pérdida de tiempo y de aprobarla, se estaría sentando las bases para un gran incremento en número y frecuencia delictiva. Una total vergüenza ajena.
(*) Presidente de Aprosec
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