Por falta de votos fue desestimada la reconsideración. Ergo, quedó firme lo decidido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, al archivar la estrafalaria denuncia de Zoraida Ávalos, la exfiscal de vergonzosa recordación. Pero más allá de una actuación que dignifica al Parlamento –pues hizo justicia rechazando un hechizo que culpa a inocentes para esconder a culpables– se desbarata finalmente la leyenda urbana, vendida incluso al exterior. Aquella tejida con encomio por caviares y extremistas; con ellos de paradigmas democráticos, mientras los demócratas auténticos, los golpistas asesinos.
Esta narrativa intrínsecamente perversa reposaba en un trípode falaz. Tres mentiras descomunales, reñidas groseramente con la realidad, pero que de tanto repetirlas por la prensa generarían un sentido común, compartido e instalado en el imaginario del país. Y, por ende, una memoria colectiva sacrosanta. El control caviar del Ministerio de Educación plasmaría después una seudo historia en los textos escolares, con héroes y villanos a su antojo, sobre los luctuosos sucesos de noviembre del 2020. Es decir, la misma falsificación que muta a Abimael Guzmán, Víctor Polay y sus huestes, en luchadores por la justicia social, denunciada por los padres de familia. (De ahí la feroz campaña contra la ley que los faculta a revisar el contenido de los materiales de enseñanza).
El primer embuste: la cháchara del golpe de estado de Merino. A pesar que, no hubo tal, sino una sucesión ordenada por el Art. 115º constitucional. La misma que explica la Presidencia de Sagasti. Pero no, era imperioso negar lo evidente para dar crédito al relato mentiroso. La segunda fábula: convertir la algazara fabricada por el poder en la epopeya de la “generación bicentenario”, con mártires incluidos. El gran beneficiario de la muerte de Inti y Bryan, los elevó a héroes nacionales, ¡cómo no! La tercera farsa: la condena inmemorial a “los malvados del cuento”, mediante una Fiscalía secuestrada y la obsecuencia de la amiga del “Lagarto”. En el mamotreto fiscal presentado al Congreso no hay responsables materiales y se oculta la violencia contra la policía. Pero se acusa sin vacilar a las autoridades constitucionales de tramar el “crimen” y, luego, por no evitarlo. Sin duda, era el colofón necesario para redondear la historieta que legitimara el abuso y la corrupción del poder (cierre del Congreso, vacunas, negociados, tráfico de influencias, extorsión, etc).
Hoy la mitología se desploma al carecer del cierre punitivo. Y los caviares se desesperan –no por Inti ni Bryan, usados de coartada vil. Como acostumbran harán que sus ONGs foráneas se pronuncien intentando doblegar la soberanía del Perú. Pero esta vez encontraran un país enhiesto, no dispuesto a ser engañado.
(*) Constitucionalista
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