Opinión

Nuevamente la pena de muerte en debate

Por: César Ortiz Anderson

Es correcto cuando la penalista Romy Chang señala que la pena de muerte en el Perú es antitécnica e inaplicable. Sin duda, yo soy de la opinión de aplicar la pena de muerte en casos de delitos como la violación de niños, pero como bien señala la abogada Romy Chang, es inaplicable por los tratados internacionales.

Nuestra legislación actual no permite contemplarla, ya que el Perú es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del tratado de San José de Costa Rica, que, entre sus disposiciones, indica que no se puede imponer la pena de muerte por nuevos delitos, solo el delito de traición a la patria en tiempo de guerra. Hay algún camino, si el Perú tendría primero que renunciar a la Corte y denunciar, lo que técnicamente significa pedir su salida del Tratado, y eso hasta hoy no ha ocurrido. Vuelve a ser una propuesta populista.

En APROSEC señalamos la urgencia de combatir la criminalidad, el crimen organizado y las bandas delictivas, que hoy nos tienen cercados por la falta de voluntad política y la carencia de una Política de Estado anticrimen que, de manera planificada, siente las bases para una respuesta integral y articulada del Estado.

Si el gobierno insiste en combatir la criminalidad con el mismo recurso humano y con estrategias como el estado de emergencia, que nunca dieron los resultados esperados.

Además, podemos utilizar el concepto sociológico de “anomia social” para intentar explicar la grave situación a la que ha llegado la seguridad ciudadana en nuestro país luego del incremento de las extorsiones y los asesinatos luego de la declaración del Estado de Emergencia en varios distritos de la ciudad de Lima Metropolitana. Pero no se trata solo del fracaso de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el actual Gobierno en la lucha contra la delincuencia.

La anomia social se extiende al interior de las instituciones encargadas del Sistema de Justicia: Ministerio de Justicia, Fiscalía, Ministerio Público. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía evidencian un grave desorden en su organización interna, tal como lo podemos ver diariamente en los noticieros en los diferentes casos de corrupción e implicancia de algunos de sus miembros en escándalos de corrupción y situaciones que se encuentran fuera de lugar para estas instituciones en medio del contexto en el que nos encontramos.

Finalmente, en mi opinión, con las cifras que se están dando y con la ferocidad que usan los delincuentes en delitos de alto impacto como el sicariato, la extorsión y el secuestro planificado, se incrementarán las cifras delictivas del año, que acabó con más de 2,000 homicidios. Esta problemática es la piedra en el zapato de este gobierno.

(*) Presidente de APROSEC

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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