El mal uso de los recursos públicos ha puesto en evidencia a algunos funcionarios que llegaron a perder su cargo cuando destinaron cantidades de aquellos recursos para aumentar sus bolsillos o a veces favorecer a terceros.
Entre abril y mayo del año 2007 el excongresista José Anaya del partido Nacionalista fue descubierto al falsificar facturas y documentos que presentó a la tesorería del Congreso pretendiendo rendir cuentas por los gastos operativos asignados a él. La falsificación estaba sustentada en el consumo exclusivo de pollos a la brasa en un lugar que no daba facturas y boletas como las presentadas por Anaya y por eso se le conoció como yo lo llamé “el come pollo”. En el año 2010 Anaya es condenado a cinco años por falsificación y peculado.
Casi al acabar el año 2009 se conoció que el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, sin dar ninguna explicación emitió la resolución de Presidencia 021-2009-2010/P-CR que autoriza la entrega de 15 mil dólares de los recursos del parlamento a la empresa “Fabiola de la Cuba Producciones S.A.” para auspiciar y subvencionar un show artístico que realizó la cantante en Trujillo y Chiclayo, donde los interesados en asistir tuvieron que pagar su entrada. Acusado constitucionalmente admitió el hecho y dijo que iba a devolver el monto cuando se retire del Parlamento cuando le entreguen su CTS, no se supo si realmente lo hizo.
En noviembre del 2024, fue condenado el excongresista Michael Urtecho a 22 años de prisión por concusión y enriquecimiento ilícito en agravio de 4 de sus ex trabajadores a quienes les recortaba sus remuneraciones, sufriendo mayores años de condena su esposa Claudia Gonzáles quien era su cómplice. El 11 de marzo de este año se conoció que una sala de la Corte Suprema condenó a 8 años de prisión efectiva a Daniel Salaverry Villa por el delito de peculado doloso por apropiación de fondos públicos al no acudir a las actividades que había reportado asistir en el departamento de La Libertad entre noviembre y diciembre de 2017 y enero y marzo de 2018. El monto asignado por representación está sujeto al 30% del impuesto a la renta por lo cual constituye una remuneración, de esta manera debería ser dinero de libre disposición sin que se requiera informes de ningún tipo y eso la SUNAT lo sabe.
A todo esto, que la justicia ya tiene un claro señalamiento delictivo se le suman algunos casos que fueron indignantes como el del caso “Canchaya”; “mataperro”; “como oro”; “roba cable”; “roba luz” o “plancha camisas” a los que son seguidos de los más actuales como “los niños” y la secuela de “mocha sueldos” y el ruleteo de colocar familiares o amigos en despachos diferenciados.
El Congreso debería de sincerar sus gastos y los congresistas sus ingresos de manera que su burocracia ya no se ocuparía de revisar la minucia en auscultar la factura de la pollería; del estacionamiento del auto con determinada placa; del gasto del menú y así se evitaría de tantos problemas generados solo por aparentar que un parlamentario no sube sus ingresos desde hace 25 años. Lo importante es eliminar bonos, bufets, gastos de representación y otros pagos o dádivas que no se condice con la realidad, las que se diferencian sustancialmente con otras planillas de la administración pública. Esta situación debe terminar.
(*) Abogado y excongresista.
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