Se ha instaurado en el país una especie de paz boba en lo político, olvidando que la calma chicha precede a los grandes estallidos de violencia. Por eso debemos prepararnos y armarnos legal, policial y militarmente para una nueva temporada de conflictos.
Sendero y sus voceros regionales han anunciado una “tercera” toma de Lima para fines de julio, así como un paro macro regional en el sur. Esa amenaza no debe tomarse a la ligera; por una lógica extraña pero casi matemática los comunistas suelen anunciar sus ataques y los ejecutan, con mayor o menor éxito, casi escrupulosamente.
Es evidente que no habrá una “toma” u ocupación literal de una ciudad capital de casi 12 millones de personas; pero no podemos descartar una nueva oleada de disturbios, vandalismo y hasta ataques terroristas selectivos. Durante la asonada que soportamos entre diciembre del año pasado y febrero último el número de víctimas llegó a aproximadamente 70 muertos, más de 1,000 heridos (80% policías) y destrucción de patrimonio urbano por valor de varios cientos de millones de soles. Además el daño causado a las empresas agrarias y mineras, así como el costo de reparaciones y liberación de vías, más el desplazamiento de tropas fue multimillonario.
Más aún, la imagen del Perú en el mundo se deterioró gravemente y eso se vio reflejado en una degradación del riesgo país y una disminución severa del crecimiento anual del PBI. Cuestiones que solo se han estabilizado relativamente por la solidez de la política monetaria del BCR que nos permite mantener una moneda que sigue revaluándose.
El ataque subversivo, entre tanto, fue solo soportado por el estoicismo de militares y policías, víctimas de la traición del gobierno de Boluarte – Otárola, quienes traicionaron al personal al no permitirles el uso de sus armas de reglamento. Eso, además nos ha llevado a tres actos de humillación por los cuales el actual Ejecutivo en algún momento tendrá que ser juzgado: el asesinato impune de seis soldados en Puno; el no poder izar el pabellón nacional (hasta hoy) en Desaguadero; y la aceptación con apenas murmuraciones del infame informe último de la CIDH.
A día de hoy en la región de Puno, el gobernador anuncia, también con impunidad, su voluntad de separarse del país y formar parte del proyecto narcosocialista boliviano del Runasur; en las escuelas puneñas se adoctrina subversivamente a vista y paciencia de las autoridades a niños escolares; y estamos en vísperas de que recrudezca el fenómeno migratorio que apenas se pudo mal contener en la frontera sur.
De modo que si las alertas indican que las amenazas subversivas están creciendo, lo exigible es que el gobierno y el Congreso reaccionen de inmediato fortaleciendo el marco jurídico represivo como acaba de hacerlo Ecuador; mejorando sustantivamente los sistemas de inteligencia, especialmente los policiales; y dándole respaldo político y funcional concreto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional porque no bastan las declaraciones intonsas de Boluarte y Otárola.
El Perú de ninguna manera debe pasar por una nueva etapa de ataque subversivo masivo. Que no se confunda la libertad política democrática con un inexistente “derecho a la protesta”; que se califique a los subversivos como tales; que se envíen misiones diplomáticas y mixtas al exterior proactivamente para explicar la amenaza anunciada; y que la clase política retome el esfuerzo para exigir normas de prevención – represión más amplias. Caso contrario podemos volver a niveles de violencia que nadie en su sano juicio quiere para el Perú.
(*) Analista político
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