La Policía Nacional ecuatoriana ingresó a la embajada de México en Quito el cinco de abril último y sustrajo del recinto diplomático al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel quien fuera además ministro de estado y ocupara otros cargos durante el gobierno de Rafael Correa.
Todo ocurrió en una seguidilla de desencuentros iniciados por el presidente mexicano Manuel López Obrador que protegía a Glas en la embajada de su país en Quito mientras se resolvía si se le concedía o no el asilo. Glas fue condenado por asociación ilícita en el caso de sobornos con la constructora Odebrecht en 2017 y en 2020 tuvo otra condena a 8 años por cohecho pasivo agravado junto con el expresidente Rafael Correa. En noviembre de 2022 obtuvo libertad provisional y en diciembre de 2023 pidió asilo en la embajada de México antes que le revocaran la libertad.
El martes 2 de abril, López habló sobre el asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio diciendo que el crimen se usó por los medios de comunicación para generar miedo y afectar a la candidata de Rafael Correa y que por eso el actual mandatario Daniel Noboa ganó la presidencia. El 4 de abril el gobierno ecuatoriano declara persona non grata a la embajadora de México Raquel Serur.
El 5 de abril en la mañana, el gobierno de México decide otorgar asilo a Jorge Glas en abierta provocación al Ecuador, contraviniendo el artículo 3 de la convención sobre asilo diplomático que dice: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales…”.
Con la embajadora mexicana considerada persona non grata, y la abierta violación a los tratados que ambos países son parte, el gobierno ecuatoriano decidió por la fuerza violentar una sede diplomática que tiene inmunidad violando a su vez el artículo 22, numeral 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961 que establece: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.
Por lo general, en América el asilo ha sido respetado escrupulosamente porque sus solicitantes fueron perseguidos políticos, el caso de Haya de la Torre asilado en la embajada de Colombia, cuyo proceso de asilo llegó a tribunales internacionales. Los ministros de Belaunde ante la persecución y amenaza de juicios por la dictadura velasquista se asilaron en diferentes embajadas: Carlos Velarde Cabello en la embajada de Nicaragua; Guillermo Hoyos Osores y Pablo Carriquiry Maurer en la embajada de México; Sixto Gutiérrez en la embajada de Uruguay y Manuel Ulloa Elías se instaló en España que le concedió asilo y este país rechazó el pedido de extradición que le formuló el gobierno de Velasco.
Ejemplos en el mundo hay varios, como el asilo de Julián Assange en la embajada de Ecuador en Londres en 2012; Héctor Cámpora quien después del golpe militar de 1976, estuvo más de tres años en la embajada de México en Buenos Aires. Todos estos casos muy sonados y sus persecutores no intentaron jamás violentar las embajadas y extraer a quienes perseguían de instalaciones protegidas.
López Obrador se ha hecho frentes con varios países: España, Bolivia; Panamá, Perú y ahora Ecuador. Mientras el gobierno de México protegía a un condenado por corrupción, Ecuador ha violado uno de los principios internacionales más pétreos del derecho internacional, ambos gobiernos han actuado mal, pero Ecuador merece la condena internacional que se avecina.
(*) Excongresista
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