El fin del premierato de Alberto Otárola no debió darse en los conocidos términos escandalosos que requieren de una investigación más profunda. El ancashino cumplió un papel importante en la transición abrupta entre el golpista Pedro Castillo y Dina Boluarte. Primero en Defensa y luego en la presidencia del consejo de ministros tuvo que enfrentar una gravísima convulsión política, social y subversiva que puso en vilo al país y cobró unas sesenta vidas.
Aunque al final no respaldó como debía a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debe reconocérsele también dedos de organista con las bancadas antagónicas y dispersas del Congreso.
Sin embargo, en los últimos meses su gestión había perdido viada. Claramente carecía del liderazgo suficiente para orientar a un gobierno que no entendió que debía acometer tareas mayores a la simple continuidad de un régimen gansteril como el que se autoliquidó el 7 de diciembre de 2022.
Más allá de la grandilocuencia y un buen manejo con los medios Otárola falló en sectores hiper sensibles como, entre otros, la economía (caímos en recesión pese a las mentiras de Alex Contreras); la seguridad ciudadana (por la incompetencia de los dos últimos ministros del Interior y el manoseo inmisericorde de la PNP); y la salud (por la ineptitud ministerial).
El ex premier incumplió, asimismo, en la protección de las fronteras internacionales (Puno sigue infiltrado por el evismo boliviano); en el manejo fiscal (se ha cometido el crimen de incrementar desmesuradamente el presupuesto general de la República, se gasta sin control en el estado y se botan millones en Petroperú); y en el control de la corrupción (el país pierde por esa causa 24 mil millones de soles, las asesorías trucha ascienden a 6 mil millones y un tercio de las adquisiciones del estado son a dedo)
. Pero, en fin, Otárola debió irse en mejores términos. Sin embargo sus propias acciones permitieron el escarnio público y se han hecho graves denuncias de un complot encabezado nada menos que por el delincuente Martín Vizcarra, su adlátere Figueredo y quizás hasta el hermano de la presidente, Nicanor Boluarte. Queda por investigar cuanto hay de verdad en esa hipótesis y quien es realmente Yaziré Pinedo, que no parece para nada inocente y hasta daría la impresión que trabaja para algún servicio de inteligencia.
Como quiera que sea Dina ha salido a defender a su pariente; y el sucesor en la PCM, Gustavo Adrianzén, no solo encabezará al Gabinete sino que también será el guardaespaldas jurídico de la presidenta y de Otárola, quienes están irremediablemente unidos por el cordón umbilical de las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad en la represión de diciembre del 22 y enero del 23. Hay, pues, renovada comunión de intereses en las sombras y eso, precisamente, le da continuidad a una mandataria que pende del hilo más indeseable: el apoyo del errático César Acuña.
¿Qué esperar de aquí en más? Pues básicamente más de lo mismo; con algunos acentos positivos en materia económica y respaldo institucional a las FF.AA. Pero mientras no se adopte una real política de seguridad interna, mejor no hacerse ilusiones. Adrianzén tiene algunas cosas buenas en su trayectoria pero sus nexos con Nadine, Humala y Vizcarra, así como su torpe antiaprismo no son credenciales fiables.
(*) Analista politico
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