En la hora más sombría de nuestra historia reciente, el Perú se vio estremecido por un acto que amenazó con quebrar definitivamente el orden democrático: el fallido autogolpe perpetrado el 7 de diciembre del 2022 por el entonces presidente Pedro Castillo—hoy recluido en la cárcel de Barbadillo. Su objetivo era instaurar un régimen dictatorial totalitario, siguiendo el dudoso ejemplo de países donde la libertad es solo una apariencia y la voluntad popular, un concepto relegado al olvido. Sin embargo, el país reaccionó con firmeza. Las instituciones fundamentales de la República— las Fuerzas Armadas, el Parlamento Nacional, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo—se erigieron en pilares indoblegables para salvaguardar la Constitución y defender la democracia.
En medio de esta tempestad, emergió la figura de la Dra. Dina Boluarte Zegarra, la primera mujer presidenta constitucional en la historia de la nación. Su ascenso no fue producto de la casualidad, sino la consecuencia constitucional tras el intento de ruptura del orden constitucional, perpetrado por Castillo. Desde el primer día, la presidenta Boluarte tuvo que enfrentar la mezquindad política y el asedio mediático que pretendían desvirtuar su gestión con simples anécdotas—el cofre, los Rolex, la operación nasal—intentando sembrar en el subconsciente de la ciudadanía la idea de que su permanencia al frente del Ejecutivo era perjudicial y debía abortarse cuanto antes. En paralelo, un sector de actores mercantilistas, amparados en ciertos poderes e “instituciones autónomas”, buscó abrirle innumerables investigaciones por supuestos delitos, con la clara intención de doblegar su capacidad de gobierno y hacer naufragar su autoridad moral.
No obstante, la mandataria perseveró en su empeño de afianzar la estabilidad y el progreso del país, recordándonos que, en democracia, lo que prevalece es la voluntad popular expresada en las urnas y no el estrépito de intereses subalternos. Así, la presidenta Boluarte inició su gestión con un llamado urgente a la unidad de todos los peruanos y puso en marcha medidas concretas para revitalizar la economía nacional. En un escenario de crisis enrarecida por décadas de corrupción, la recesión inminente y los embates de fenómenos naturales como el Niño o el Yaku, se enfocó en atraer inversiones privadas para fortalecer los principales sectores productivos del país.
Los resultados comienzan a notarse: el Perú exhibe una de las cifras de inflación más bajas del hemisferio (1.2%), y se vislumbra para el 2025 un crecimiento económico que podría oscilar entre el 3.2% y el 4%. Este repunte prevé la inyección de mayores recursos para la construcción de hospitales, colegios, universidades y obras de infraestructura que cierren brechas sociales de manera efectiva.
Entre los hitos más relevantes destaca la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, el destrabe de proyectos de irrigación como Chavimochic III, Chinecas y Alto Piura, así como la proximidad de la inauguración de un aeropuerto llamado a ser el más moderno de Latinoamérica. Todo ello se traduce en cientos de miles de empleos directos y millones de empleos indirectos, generando oportunidades para un país que por demasiado tiempo se sintió atado a la inercia.
Sin embargo, tal vez la demostración más contundente de su apego a la Constitución y su respeto a la democracia ha sido la reciente convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril del 2026. Con esto, la presidenta garantiza un relevo gubernamental ordenado y respalda política. Pese a las calumnias y embestidas de ciertos grupos que atizan la polarización, la mandataria permanece firme en su compromiso de entregar el poder en la fecha señalada, ratificando así el principio de la sucesión democrática y cimentando un legado que la historia juzgará con justicia.
La relevancia de este gobierno no radica únicamente en haber frenado un proyecto totalitario o en haber impulsado iniciativas concretas para el desarrollo económico y social del país, sino también en haber ejemplificado, ante la adversidad más extrema, que la democracia peruana—con todos sus defectos y desafíos—permanece viva. La presidenta Dina Boluarte ha defendido con vigor el orden constitucional, se ha negado a sucumbir al chantaje mediático y ha puesto de relieve la importancia de un Tribunal Constitucional vigilante, una Defensoría del Pueblo presta a proteger los derechos ciudadanos y una Junta Nacional de Justicia obligada a evaluar con objetividad y rigor la idoneidad de magistrados y fiscales.
En síntesis, la historia registra estos meses como un periodo crucial de reafirmación democrática. La presidenta Boluarte, cuestionada por algunos y alabada por otros, ha mantenido el timón firme ante las olas de la inestabilidad política, las campañas de descrédito y las maniobras obstruccionistas. En la memoria colectiva quedará grabado que, en la hora oscura del intento de autogolpe, alguien se alzó con coraje para resguardar la Constitución, sostener la libertad y trazar un horizonte de esperanza para las próximas generaciones. Y es que, por encima de todo, su mandato representa la contundente afirmación de que ningún interés particular, por poderoso que parezca, es más fuerte que la voluntad de un pueblo que aspira a vivir en libertad, democracia y prosperidad.
(*) Presidente de la Coordinadora Perú
