Los países con perseguidos, presos y exiliados políticos son dictaduras
Por: Carlos Sánchez Berzain
El mayor esfuerzo de simulación de los regímenes del socialismo del siglo XXI en las Américas es presentarse como revoluciones o movimientos para la liberación de los pueblos, evitando a toda costa ser identificados como “dictadura”. Con múltiples narrativas buscan presentar y mantener el “socialismo del siglo XXI o castrochavismo” en la esfera de la “política” cuando su actividad de delincuencia organizada trasnacional corresponde al ámbito “criminal”. Una de las evidencias que termina con toda simulación es la existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos que son prueba definitiva de dictadura.
Preso es una persona privada de su libertad y un prisionero es “una persona que esta presa generalmente por causas que no son delito”. Preso de conciencia es el detenido que “no ha utilizado ni propugnado la violencia”. Exiliar es “obligar a alguien a dejar un territorio forzándolo a vivir fuera de su Patria”. El exilio “es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural por expatriación de un individuo mientras que alguna circunstancia, generalmente por motivos políticos, le impide regresar por amenazas de cárcel o muerte”. La persecución política por los regímenes castrochavistas en el siglo XXI es un sistema metodológica y uniformemente aplicado en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua en su momento en Ecuador con Correa, implementada en la Argentina de Kirchner y con señales de retorno con Fernández/Kirchner. Es la repetición de los atropellos de la dictadura en Cuba durante el siglo XX, institucionalizada y ejecutada mediante la “judicialización de la persecución política” que consiste en acusar a las víctimas de delitos no cometidos, delitos expresamente tipificados para violar los derechos humanos del acusado, imponer retroactividad de la ley, o delitos cometidos por los miembros del régimen.
Para lograr la judicialización de la persecución política: 1.- manipulan y modifican el sistema de justicia cambiando tipos penales e incluyendo como delitos el ejercicio de libertades fundamentales (leyes infames); 2.- controlan y subordinan fiscales y jueces que en lugar de ser garantía de defensa de la libertad y la vigencia de los derechos humanos se convierten en violadores de ellos (jueces infames) que violentan el debido proceso legal tornándose en “verdugos” en lugar de ser administradores de justicia; 3.- imponen como regla de proceso “el miedo” para inducir falsas confesiones, delaciones e incriminaciones, para las que presionan con la vida y la libertad de familiares y entornos.
Ese mecanismo de control total del sistema de justicia ya es un indicador definitivo de dictadura porque para lograr la judicialización de la persecución política han hecho desaparecer los elementos esenciales de la democracia que son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el estado de derecho, la separación e independencia de los poderes públicos y con la persecución, cárcel y exilio terminan con los elementos de elecciones libres y justas y la libre organización política.
(*) Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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